El próximo jueves 26 de marzo, la Legislatura de Tucumán tratará sobre tablas un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y social en toda la provincia.
La decisión, que se cerró ayer en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Miguel Acevedo, busca dar respuesta institucional a los graves daños provocados por el temporal en el sur tucumano. El texto legislativo propone un plazo de 180 días de excepción, con posibilidad de prórroga, para agilizar el envío de fondos y asistencia a las zonas donde el agua superó los promedios históricos de lluvia.
La iniciativa lleva la firma de referentes de casi todo el arco político, desde el oficialista Vargas Aignasse hasta opositores como José Manuel Cano y Walter Berarducci. Este consenso político responde a la urgencia climática: en algunas localidades del sur, cayeron 170 milímetros en 24 horas, una cifra que equivale a lo que suele llover en un mes entero. La ley permitirá al Poder Ejecutivo mover partidas presupuestarias de forma directa para atender centros sanitarios, comedores y familias que perdieron sus pertenencias.
Además de los subsidios y las ayudas sociales, la norma le otorga facultades al Gobierno para intervenir en la infraestructura productiva. El sector agrícola, golpeado por los anegamientos, espera que se faciliten planes de recuperación y se reparen los caminos rurales de manera prioritaria. Según el proyecto, el Estado podrá implementar programas especiales que ayuden a mitigar el impacto económico en los departamentos más castigados por las crecidas.
Fuera del temario de la emergencia, los legisladores también darán luz verde a una modificación en el Código Tributario. El cambio apunta al artículo 206 y busca actualizar los beneficios de las exenciones en el impuesto inmobiliario, una medida que venía reclamando el sector privado ante la escalada de los costos.
Por último, se aprobó tratar la creación de un nuevo centro de salud (CAPS) en Cebil Redondo y la adhesión a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral.
