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Adorni gana poder en el manejo de fondos del Estado

El Gobierno nacional resolvió ampliar las atribuciones del vocero presidencial y secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, quien pasará a tener un rol más relevante en el manejo administrativo de recursos del Estado. A partir de ahora, el funcionario podrá autorizar transferencias de fondos a las provincias y otras erogaciones dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

La decisión forma parte de una reorganización interna del Gobierno y quedó establecida a través de una disposición administrativa que redefine el circuito de aprobación de determinados gastos públicos. Con este cambio, varias decisiones vinculadas a la asignación de partidas presupuestarias deberán contar con la intervención o validación del área que conduce Adorni.

Entre las nuevas facultades se incluye la posibilidad de habilitar transferencias no automáticas a las provincias, así como distintos movimientos de fondos dentro de la administración nacional. Este tipo de transferencias suele utilizarse para financiar programas específicos, obras o asistencias puntuales a gobiernos provinciales.

Dentro del esquema del Ejecutivo, la medida busca concentrar en menos áreas el control sobre la ejecución del gasto público. En ese sentido, la oficina que encabeza Adorni tendrá participación en trámites administrativos relacionados con pagos, asignación de recursos y otros movimientos financieros que realizan organismos del Estado.

En la Casa Rosada explican que el objetivo es fortalecer los mecanismos de supervisión y ordenar el funcionamiento de distintas áreas que intervienen en la gestión presupuestaria. El cambio también responde a la intención del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de mantener un seguimiento más directo sobre la utilización de fondos públicos.

La ampliación de funciones refuerza el peso político de Adorni dentro del gabinete. Además de desempeñarse como vocero presidencial y uno de los funcionarios con mayor exposición pública del Gobierno, ahora tendrá intervención en decisiones administrativas vinculadas al manejo de recursos estatales.

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