El gobernador Osvaldo Jaldo, mediante su representante legal Paula Morales Soria, presentó este miércoles una denuncia contra la diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) por incumplimiento de una orden judicial, luego de que no eliminara publicaciones consideradas agraviantes hacia el titular del Poder Ejecutivo.
La acción fue ingresada ante el juez de la V Nominación en lo Civil y Comercial de la Capital, Pedro Cagna, quien lleva adelante el expediente iniciado el pasado 13 de marzo por el mandatario provincial.
Las publicaciones en cuestión habían sido realizadas por Molinuevo tras el violento episodio sufrido por el diputado Federico Pelli (LLA) en La Madrid, donde fue agredido por Marcelo “Pichón” Segura, empleado de la comuna de Los Ralos, actualmente detenido con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz.
En esos mensajes, la legisladora hizo referencia a supuestas “prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política”, y responsabilizó al gobernador y al ministro del Interior de Tucumán por cualquier hecho que pudiera afectar su integridad, la de su familia o la de integrantes de La Libertad Avanza.
En su resolución, el juez Cagna dio lugar parcialmente al planteo de Jaldo —aunque no avanzó sobre el pedido de disculpas públicas— y ordenó a la diputada eliminar los contenidos señalados en la demanda.
Posteriormente, Molinuevo, representada por el abogado Ricardo José Tomás Paz, presentó un recurso solicitando la suspensión de dicha resolución. Si bien el magistrado rechazó ese planteo, en el día de ayer habilitó la apelación, por lo que el caso será revisado por una instancia superior.
En paralelo, la dirigente libertaria acudió a la Justicia Federal de Tucumán para pedir que el fuero local se inhiba de intervenir, al sostener que se encuentran comprometidas sus prerrogativas como integrante del Congreso y que está siendo objeto de censura. También cuestionó la competencia de la Justicia provincial en su presentación ante el fuero civil.
Sin embargo, dado que las publicaciones continúan visibles, la abogada del gobernador efectuó una nueva presentación este miércoles ante el mismo juzgado.
El escrito tiene como finalidad denunciar un “incumplimiento grave, reiterado y deliberado” de la sentencia, y solicita que se disponga su cumplimiento inmediato, incluso habilitando días y horas inhábiles. Además, Jaldo pide que se apliquen sanciones económicas y que se remitan antecedentes al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión del delito de desobediencia judicial.
Morales Soria detalló las distintas instancias atravesadas en el expediente y sostuvo que no existe ningún fundamento legal que justifique la falta de cumplimiento de la resolución dictada el 15 de marzo.
En ese sentido, afirmó que se trata de una conducta plenamente consciente y orientada a eludir una orden judicial. Señaló además que, en su condición de abogada, la demandada conoce el funcionamiento de las medidas autosatisfactivas, sabe que la apelación no suspende sus efectos y está al tanto de la obligación de cumplimiento inmediato. A pesar de ello, indicó que intentó instalar una supuesta duda jurídica inexistente y persistió en el incumplimiento incluso luego del rechazo expreso del tribunal.
Dentro de un petitorio compuesto por siete puntos, la letrada solicitó que se intime a Molinuevo a cumplir de manera urgente con lo ordenado, fijando un plazo breve bajo apercibimiento legal y estableciendo sanciones diarias en caso de persistir el incumplimiento.
Asimismo, requirió que se remitan las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por la posible desobediencia judicial y que se tenga en cuenta la conducta procesal de la diputada en el desarrollo de la causa.
