La oposición solicitó detalles sobre préstamos hipotecarios de hasta US$350.000 otorgados a legisladores oficialistas.
Un nuevo foco de conflicto se abrió este jueves 2 de abril de 2026 entre el oficialismo y la oposición tras conocerse que un grupo de funcionarios del equipo económico y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta US$350.000. El diputado socialista Esteban Paulón encabezó el reclamo mediante la presentación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al Banco Central para auditar la transparencia de estas operaciones.
Desde la entidad bancaria nacional aseguraron que no existieron excepciones y que los beneficiarios cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, Paulón insistió en la necesidad de prevenir posibles situaciones de “conflicto de interés o uso de información privilegiada” en la asignación de recursos públicos.
El descargo de Mariano Campero: “No es un privilegio”
Uno de los legisladores señalados es el tucumano Mariano Campero, quien utilizó sus redes sociales para aclarar su situación patrimonial. El diputado por LLA confirmó que en mayo de 2025 obtuvo un crédito hipotecario en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) por $275 millones para la compra de su vivienda familiar en Yerba Buena.
Campero calificó las acusaciones como “maliciosas” y argumentó que el préstamo no fue discrecional:
- Monto original: $275 millones (mayo 2025).
- Deuda actualizada: $322 millones (debido al ajuste por inflación del sistema UVA).
- Finalidad: Adquisición de primera vivienda para su familia.
“Un préstamo hipotecario no es un privilegio político, es una deuda que permite tener una casa al mismo precio de un alquiler, pero que se paga a 20 o 30 años con mucho esfuerzo”, sentenció el legislador tucumano.
Requisitos y normativa del BNA
El Banco Nación contempla en su reglamentación líneas específicas para empleados del sector público en relación de dependencia y aquellos que perciben sus haberes a través de la entidad. Los puntos clave de la normativa vigente incluyen:
- Sujetos: Empleados públicos, empresas con capital estatal e YPF.
- Edad límite: Hasta 85 años al momento de cancelar la obligación.
- Codeudores: Se permiten hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos).
Mientras la oposición busca determinar si existió un “trato preferencial”, desde el oficialismo sostienen que el acceso al crédito es un derecho de cualquier ciudadano que califique crediticiamente, independientemente de su función pública. El pedido de informes obligará al Ejecutivo a detallar los mecanismos de rendición de cuentas y los indicadores de transparencia utilizados en la gestión de la cartera crediticia del principal banco del país.
