En un giro estratégico para retomar la iniciativa política, el presidente Javier Milei autorizó un importante adelanto financiero destinado a un grupo heterogéneo de provincias. El objetivo de la Casa Rosada es doble: por un lado, frenar el deterioro de las cuentas subnacionales tras un trimestre de caída real en la recaudación; por otro, asegurar los votos necesarios para sesionar el próximo miércoles 8 de abril en la Cámara de Diputados.
El auxilio económico, gestionado por Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), establece un mecanismo de devolución antes de fin de año con una tasa del 15%, evitando que los gobernadores deban recurrir a créditos externos con costos mucho más elevados.
Los beneficiarios y el mapa político
El paquete de $400.000 millones tiene como destinatarios a:
- Aliados y dialoguistas: Tucumán, Salta, Chaco, Mendoza, Catamarca y Misiones.
- Opositores en crisis: La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
Incluso mandatarios enfrentados con el Ejecutivo, como el fueguino Gustavo Melella, han comenzado a ceder ante la necesidad de fondos, impulsando la adhesión de sus provincias al RIGI. En el caso de La Rioja, a pesar de las disputas judiciales en la Corte, emisarios de Ricardo Quintela ya mantienen contactos con Martín Menem para gestionar partidas presupuestarias.
La agenda legislativa en la mira
El Gobierno considera urgente activar el Congreso para desplazar los “ruidos mediáticos” de la gestión diaria. Los alfiles libertarios planean avanzar la semana próxima con:
- Modificación de la Ley de Glaciares: Un proyecto vital para las provincias mineras que permitiría explotaciones en áreas periglaciares, pese al fuerte rechazo de sectores de la oposición.
- Proyecto Hojarasca: Una iniciativa que busca ganar espacio en la agenda pública con reformas desregulatorias.
El contexto de “vacas flacas”
La medida responde a datos alarmantes: en marzo, el reparto automático de impuestos cayó un 11,3% respecto a febrero. El primer trimestre de 2026 se perfila como uno de los más bajos en términos de transferencias, con una pérdida superior al billón de pesos para el conjunto de las provincias. “La situación es dramática, están todos con los frentes abiertos y las paritarias incendiadas”, afirman fuentes cercanas al Ejecutivo, justificando este “gesto” presidencial como la única vía para mantener viva la agenda de reformas.
