La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este viernes 10 de abril de 2026 una nueva ofensiva judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita puso la mira en las lujosas refacciones realizadas en el lote 380 del Indio Cuá Golf Club, la propiedad que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, compró a fines de 2024.
Para reconstruir el origen y destino del dinero, Pollicita citó a declarar para el próximo 24 de abril a Matías Tabar, responsable de la empresa Grupo AA, encargada de las obras. La Justicia no solo quiere testimonios: le exigió al contratista que entregue absolutamente todo.
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Facturas, WhatsApp y renders: la lupa sobre la obra
La fiscalía busca cerrar el círculo del financiamiento de la casa en el exclusivo country de Exaltación de la Cruz. El requerimiento a la constructora incluye:
- Papeles contables: Presupuestos, facturas, certificados de avance de obra y recibos de pago.
- Rastreo de fondos: Detalles sobre si los pagos fueron en efectivo, transferencias, cheques o incluso permutas.
- Comunicaciones directas: Pollicita pidió que se entreguen todos los chats de WhatsApp, mails y SMS mantenidos con Adorni o su esposa vinculados a la obra.
Pero la presión no queda ahí. La administración del country también deberá explicar cómo se pagó la tasa de ingreso de US$ 5.000 y presentar el detalle de las expensas del lote durante todo el periodo investigado.
Se termina la cortesía: celulares bajo custodia
Tras las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, quien se negó dos veces a mostrar su teléfono, el fiscal decidió endurecer las reglas. Los próximos testigos, entre ellos los vendedores de los departamentos de Caballito y de la casa de Exaltación de la Cruz, ya fueron notificados: deberán presentarse con documentación sobre el origen de sus fondos y sus teléfonos celulares serán preservados para extraer chats y registros de llamadas vinculados a las operaciones.
Entre los citados están Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las vendedoras que le otorgaron a Adorni la llamativa hipoteca de US$ 200.000 a tasa cero y sin interés, un beneficio que la Justicia considera “excepcional” para el mercado inmobiliario actual.
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La causa, iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, avanza ahora con el levantamiento del secreto fiscal de la pareja, ordenado por el juez Ariel Lijo. El gobierno nacional sigue de cerca el expediente, mientras Adorni intenta mantener su agenda habitual frente a un cerco judicial que, cada viernes, suma nuevas pruebas y testigos.
