El escenario de la obra pública en Tucumán sufrió un duro golpe este domingo 12 de abril de 2026. Ante la imposibilidad de sostener el financiamiento compartido con la Nación, el Gobierno de Osvaldo Jaldo decidió ponerle un punto final a tres procesos judiciales de expropiación que eran la base de ambiciosos proyectos de logística, energía y vivienda.
La inversión total estimada para estas obras superaba los 500 millones de dólares, una cifra que hoy resulta inalcanzable para las arcas provinciales sin el respaldo de la Casa Rosada.
Los tres proyectos que quedaron en el camino
Mediante decretos firmados por la Fiscalía de Estado y los ministerios de Economía y Obras Públicas, la provincia desistió de adquirir las tierras destinadas a:
- El “Puerto Seco” de Cevil Pozo: Un Centro Multimodal de Cargas proyectado cerca del aeropuerto. La obra, valuada en 300 millones de dólares, buscaba ser el corazón logístico del Norte Grande. Solo el terreno de 120 hectáreas le costaba hoy a la provincia más de $5.500 millones.
- Estación Transformadora “El Espinillo”: Ubicada en Burruyacu, era vital para solucionar los cortes de luz en la Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo. Iba a beneficiar a más de 260 mil usuarios, pero la obra requiere 100 millones de dólares que la Nación dejó de enviar para transporte de energía.
- Complejo de 650 Viviendas en Alderetes: Enmarcado en el programa “Casa Propia”, el proyecto en Los Gutiérrez nunca pasó de los planos. Sin licitación ni fondos nacionales, el IPVyDU consideró inviable seguir con el juicio de expropiación contra el ingenio Concepción.
El impacto técnico y político
Desde el Ejecutivo provincial aclararon que, legalmente, “no se había perfeccionado la adquisición del dominio” ya que no existían sentencias firmes. Sin embargo, la decisión política es clara: priorizar la eficiencia fiscal y sostener únicamente las obras que ya están en marcha, como las 1.800 viviendas distribuidas en el interior.
El ministro de Economía, Daniel Abad, y su par de Obras Públicas, Marcelo Nazur, señalaron que continuar con los juicios obligaba a la Provincia a pagar indemnizaciones millonarias por obras que, en la práctica, no tienen fecha de inicio.
Esta marcha atrás marca un precedente inédito en la gestión de Jaldo, exponiendo la profundidad del bache financiero que genera la paralización de las transferencias federales para infraestructura en el interior del país.
