COLUMNA DE OPINION -Walter Berarducci
Desde el Poder Ejecutivo dieron a conocer la desestimación de las expropiaciones de tierras para un nodo logístico de Cevil Pozo (Decreto 564/1 FE), un barrio de 650 casas en Alderetes (Decreto 565/1 FE) y una estación transformadora en El Chañar (Decreto 563/1 FE), haciendo alusión a la falta de fondos nacionales para la ejecución de cada uno de los proyectos.
Esta acción es utilizar políticas nacionales para intentar esconder la falta de planificación, desarrollo e inversión que tuvo el oficialismo durante años, ya que estos proyectos datan de años anteriores al gobierno de Javier Milei.
El desestimiento fundado en la falta de financiamiento no solo deja sin efecto la finalidad prevista en las Leyes N° 9.431 (expropiación del terreno para la creación de 650 viviendas en Alderetes del año 2021) y 9.525 (construcción de una escuela para el frustrado “barrio” del año 2022), sino que evidencia una conducta estatal negligente, en la que se comprometen recursos públicos sin una evaluación seria de viabilidad.
Esta situación no puede calificarse sino como un supuesto de mala administración de fondos estatales, agravado por la generación de costas judiciales, honorarios profesionales y potenciales reclamos indemnizatorios que deberán ser afrontados por la Provincia.
En el caso de la estación transformadora (Ley N° 9476 del año 2021), la situación se agrava al advertir que el Estado avanzó significativamente en sede judicial, obteniendo sentencias favorables en primera y segunda instancia, lo que implica la generación de obligaciones económicas de magnitud, incluyendo indemnizaciones millonarias actualizadas, intereses, costas judiciales y honorarios profesionales.
Este accionar configura un claro supuesto de mala administración de fondos estatales, ya que se comprometieron recursos públicos, se impulsaron procesos judiciales de alto impacto económico y, finalmente, se abandona la finalidad que justificó la expropiación, trasladando los costos de esa improvisación a toda la sociedad.El desistimiento dispuesto por el Poder Ejecutivo en la expropiación prevista en la Ley N° 8691 del año 2014 para la creación de un nodo logístico en Cevil Pozo, implica un retroceso estructural en términos de desarrollo económico.
La paralización definitiva de un centro logístico de estas características afecta directamente a los usuarios empresariales de toda la actividad económica, quienes ven frustrada la posibilidad de contar con infraestructura clave para la reducción de costos operativos, la mejora en la eficiencia del transporte y la integración de distintos modos logísticos. Esta decisión en consecuencia, no solo perjudica al Estado en términos financieros, sino que también afecta de manera directa al sector privado, comprometiendo el desarrollo productivo de la Provincia privándolo de importantes inversiones.
En definitiva, el problema no es la falta de recursos nacionales, sino la falta de previsión, desarrollo y planificación provincial. Durante años se impulsaron proyectos, se sancionaron leyes y se avanzó incluso en instancias judiciales sin garantizar su viabilidad real. Hoy, el desistimiento de estas expropiaciones no solo expone una improvisación que termina pagando toda la sociedad tucumana, sino que también implica resignar oportunidades concretas de desarrollo, infraestructura y crecimiento productivo.
Tucumán necesita políticas públicas serias, sostenidas y responsables, donde los proyectos estratégicos no se utilicen como grandes anuncios políticos, sino como verdaderos motores de desarrollo para la provincia.
