El gobierno de Javier Milei ultima el envío al Congreso de un proyecto de ley para habilitar el pago a los fondos que todavía mantenían litigios contra la Argentina por la deuda en default de 2001. En Casa Rosada aseguran que el texto ya pasó a la Secretaría de Legal y Técnica y solo resta la firma presidencial.
Según indicaron fuentes oficiales, la iniciativa podría ingresar al Parlamento entre este jueves y el viernes.
“Estaba en proceso de revisión. Se manda entre hoy y mañana al Congreso”, señalaron desde Nación.
La decisión apunta a darle respaldo legislativo a un acuerdo que ya fue informado ante la Justicia de Estados Unidos.
Qué fondos están involucrados
El caso incluye a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los demandantes que seguían reclamando pagos vinculados al colapso financiero de 2001.
Los expedientes acumulaban reclamos cercanos a los US$600 millones, aunque distintas versiones sostienen que el monto final acordado sería menor.
Esto se debe a que parte de las garantías asociadas a los viejos bonos Brady ya habrían sido ejecutadas previamente.
La presentación ante la jueza Preska
El 10 de abril, los abogados argentinos informaron ante la jueza neoyorquina Loretta Preska que el 1 de abril se había firmado un acuerdo definitivo entre las partes.
Sin embargo, ese entendimiento quedó condicionado a la aprobación del Congreso argentino, motivo por el cual ahora el Ejecutivo avanza con el proyecto de ley.
Activos en riesgo y estrategia oficial
La negociación también sirvió para frenar, al menos de forma momentánea, nuevas acciones judiciales en Estados Unidos.
Entre ellas figuraban intentos de embargo o avances sobre activos estatales como:
- Acciones del Banco Nación
- Aerolíneas Argentinas
- Otros bienes públicos sujetos a discusión judicial
En el Gobierno consideran que cerrar esta disputa por vía legislativa reduce riesgos futuros y fortalece la posición del país frente a nuevos reclamos.
La doble estrategia internacional de Milei
En Casa Rosada buscan mostrar una política judicial con dos carriles: defender causas abiertas, como ocurrió recientemente con YPF, y al mismo tiempo negociar salidas en expedientes que consideran encauzables.
La coordinación de esa estrategia está en manos del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
