El Gobierno nacional busca cerrar definitivamente uno de los capítulos más largos de la crisis financiera argentina. El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el envío de un proyecto de ley al Congreso para habilitar el pago a los fondos que aún litigaban por la deuda en default de hace más de dos décadas.
La iniciativa, coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, ya fue informada a la jueza Loretta Preska en Nueva York. Con esta vía legislativa, la gestión libertaria busca otorgar respaldo institucional y seguridad jurídica al acuerdo, evitando futuras impugnaciones judiciales.
El fin de los embargos a activos estratégicos
El acuerdo involucra a los fondos Bainbridge Fund y al grupo liderado por Attestor, quienes mantenían fallos firmes contra el país. Uno de los beneficios inmediatos de este entendimiento es el congelamiento de medidas de ejecución que amenazaban activos críticos del Estado, como las acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.
Aunque las demandas originales rondaban los 600 millones de dólares, fuentes cercanas al caso indican que el monto final negociado sería inferior. Esto se debe a que una porción de las garantías de los antiguos bonos Brady ya había sido ejecutada previamente por los acreedores.
Sustento institucional para el acuerdo
A diferencia de otras administraciones que optaron por resoluciones administrativas, el oficialismo decidió que el entendimiento pase por el filtro del Poder Legislativo. Según explican desde Casa Rosada, este paso es fundamental para blindar la solución definitiva y reducir el margen de nuevas controversias internacionales.
Mientras el texto espera la firma presidencial en la Secretaría de Legal y Técnica, los equipos técnicos ya cerraron los detalles del convenio firmado el pasado 1 de abril. La aprobación parlamentaria será el paso final para normalizar la situación financiera internacional del país y remover riesgos financieros latentes.
