En una reciente conferencia de prensa, el referente del transporte Enrique Romero lanzó una dura advertencia sobre el impacto que las aplicaciones de movilidad están teniendo en San Miguel de Tucumán. Según Romero, el sistema actual está “destruyendo” tanto al servicio de colectivos como al de taxis, señalando que ya se han caído aproximadamente 1.200 licencias de estos últimos. Para el ex funcionario, la proliferación de motos que operan bajo plataformas digitales sin ningún tipo de control está generando una fuga masiva de pasajeros que pone en riesgo la supervivencia del transporte tradicional en el corto plazo.
Romero detalló con cifras el impacto de este fenómeno, estimando que existen unas 6.000 motos realizando servicios de aplicación que, al trasladar un promedio de diez pasajeros diarios, terminan movilizando a más de un millón de personas por mes. Ante este escenario, fue tajante al exigir una regulación estricta que limite la cantidad de unidades y establezca requisitos técnicos claros, como una cilindrada mínima de 150 centímetros cúbicos y la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil. Además, propuso que los conductores utilicen chalecos identificatorios de las empresas para las que trabajan, como Uber, Cabify o Didi, facilitando así el control por parte de las autoridades de tránsito.
Uno de los puntos más críticos de su exposición fue la seguridad vial y la capacitación de quienes manejan. Romero insistió en que los conductores de estas aplicaciones deben contar con licencia de conducir profesional, criticando la falta de preparación de jóvenes de 17 o 18 años que hoy realizan la actividad. En este sentido, cruzó duramente a quienes sostienen que no se puede exigir este carnet, tildándolos de ignorantes de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la cual permite medidas excepcionales que contribuyan a la seguridad. Según sus datos, desde la aparición de este sistema se han registrado cerca de 25 muertes de pasajeros transportados, una cifra alarmante que, a su criterio, se podría reducir con mayores exigencias legales y tributarias para el sector.
