Dada la ola de amenazas en instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba implementó un nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento que exige a los padres o adultos responsables de alumnos identificados e imputados judicialmente por generar falsas amenazas en escuelas afrontar los costos de los operativos policiales y de emergencia desplegados ante tales situaciones. Localidades como Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata ya habían anunciado una medida de características similares.
En Córdoba, la medida fue oficializada tras la firma de la resolución correspondiente, en el marco de una política provincial orientada a proteger a la comunidad educativa y resguardar los recursos públicos.
Las amenazas de tiroteo, intimidaciones públicas o falsas alarmas en establecimientos educativos obligan a movilizar personal policial, brigadas especiales, bomberos, áreas de investigaciones criminales y otros recursos estatales. Por tal motivo, el Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que, desde ahora, además de las consecuencias penales, quienes resulten responsables deberán enfrentar el pago de los gastos operativos generados por dichas intervenciones.
Alcances y justificación del nuevo protocolo
Según el comunicado oficial, el Estado provincial intimará el pago de los costos a los padres o tutores de los menores involucrados, una vez que la Justicia logre identificarlos. El procedimiento administrativo contempla la cuantificación de recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo, incluyendo tiempo operativo, tecnología y personal sustraído de otras funciones de prevención del delito y seguridad.
El Ministerio de Seguridad remarcó que este tipo de conductas no se consideran hechos menores, ni simples travesuras. Son consideradas acciones graves que alteran el funcionamiento escolar, generan angustia en la comunidad educativa y requieren una respuesta estatal inmediata.
La cartera enfatizó: “Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, pone en marcha un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”.
Procedimiento y coordinación interinstitucional
El protocolo prevé la intervención conjunta del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y áreas administrativas pertinentes. Cada caso será evaluado para calcular los recursos asignados y, posteriormente, se procederá con la intimación extrajudicial de pago o, si corresponde, acciones judiciales adicionales. El Ministerio de Seguridad destacó que la Provincia mantendrá una política clara: quien altere el orden y comprometa recursos públicos deberá asumir las consecuencias.
A su vez, se informó que el Ministerio continuará trabajando con la Justicia, autoridades educativas y familias para prevenir estas conductas, fortalecer la convivencia escolar y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
En distintas localidades del país se decidió implementar una medida similar para que las familias de los menores que realicen amenazas en escuelas abonen los gastos vinculados a los operativos de seguridad. El gobierno de Santa Fe cuantificó el impacto financiero de cada despliegue: entre cinco y seis millones de pesos por procedimiento, según datos difundidos por el ministerio de Seguridad y Justicia provincial.
En Corrientes, la Jefatura de Policía advirtió mediante un comunicado que aplicará el artículo 149 bis del Código Penal Argentino, contemplando la imputación por intimidación pública. Además, los padres serán civilmente responsables de los daños ocasionados por los menores, conforme al artículo 1.754 del Código Civil y Comercial, que estipula: “Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos”.
Finalmente, en Mar del Plata, la Justicia, a través del fiscal general Fabián Fernández Garello, determinó que los padres de los estudiantes identificados como responsables deberán afrontar tanto los costos de los operativos como eventuales daños registrados en los establecimientos. Hasta el momento, se registraron al menos diez episodios y un menor de 17 años ya fue imputado formalmente por el delito de intimidación pública. La Justicia investiga si existe vinculación con retos virales difundidos en redes sociales
