La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes para cubrir el decomiso histórico de $684.000 millones fijado en la causa Vialidad. El fallo establece un orden de prelación: primero se tasarán y rematarán activos de Cristina Fernández, sus hijos (Máximo y Florencia Kirchner), Lázaro Báez y sus empresas asociadas. En caso de que estos no alcancen para cubrir el monto total, la justicia dispuso proceder contra los bienes del resto de los condenados, entre ellos José López y Nelson Periotti.
El reglamento de subastas y el destino de los fondos
La ejecución del recupero de activos quedó delegada en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que deberá seguir los lineamientos de la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema. Según este reglamento, el proceso seguirá estas pautas:
- Subasta pública: Los fondos obtenidos de las ventas deberán depositarse en cuentas del Máximo Tribunal.
- Utilidad social: Bienes con valor cultural o económico relevante podrán asignarse provisionalmente al Poder Judicial o fuerzas de seguridad.
- Destino prioritario: Viviendas o vehículos que tengan una utilidad concreta para la comunidad podrán derivarse a programas de salud, educación o asistencia a víctimas, bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Bienes heredados y el criterio de Casación
Un punto clave del fallo es la ratificación de que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros que no fueron condenados, siempre que los hayan recibido a título gratuito o por herencia. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña coincidieron en que los activos de origen ilícito deben ser recuperados para evitar que la condena sea meramente formal. Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, proponiendo excluir los bienes heredados por los hijos de la exmandataria por considerarlos ajenos al reproche penal. La lista actual incluye 84 propiedades de Lázaro Báez y diversos terrenos en Santa Cruz a nombre de la familia Kirchner.
A pesar de la contundencia del fallo, la ejecución efectiva podría quedar interrumpida en el corto plazo. Las defensas de los condenados presentarán un recurso extraordinario ante la Casación. Si este es declarado inadmisible, la última herramienta legal será el recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta que el Máximo Tribunal no se pronuncie de manera definitiva, el proceso de remate de las propiedades y empresas vinculadas a la causa no podrá completarse.
