El Ejecutivo nacional avanza en una nueva fase de recortes operativos sobre sus nueve carteras, mientras intenta ordenar el ambicioso paquete de 90 proyectos de ley anunciado por Javier Milei el pasado 1 de marzo. Según fuentes oficiales, la Jefatura de Gabinete ha instruido a los ministros para que presenten planes de ajuste inmediato en partidas, programas y gastos de funcionamiento, con el objetivo de sostener la meta de superávit primario en un contexto de caída real de la recaudación y presión del FMI por un control riguroso del gasto.
Obstáculos para los “90 paquetes” de reformas
A pesar del anuncio presidencial de enviar diez paquetes de reformas estructurales por mes durante nueve meses, la realidad parlamentaria y técnica ha ralentizado el proceso. En los pasillos de la Casa Rosada admiten que, si bien el objetivo sigue en pie, no todas las áreas cuentan con textos concretos listos para su tratamiento. El Gobierno busca evitar que las iniciativas queden desfasadas de la coyuntura actual o que carezcan de una estrategia viable para ser aprobadas por los bloques dialoguistas en el Congreso.
El futuro de los organismos públicos y la presión fiscal
Tras el rechazo legislativo al Decreto 462/2025 —que disponía la disolución de entes como la ARICCAME y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar—, el Ejecutivo evalúa ahora recuperar parte de ese esquema de reducción de estructuras mediante nuevas leyes. Esta estrategia se da en un marco fiscal complejo: el informe de ARCA de marzo reflejó que la recaudación nominal sigue por debajo de la inflación interanual, lo que obliga a la administración central a intensificar la “motosierra” administrativa antes de emprender nuevas batallas legislativas de alta conflictividad.
