Queda abierto desde el inicio de esta semana el tramo final de uno de los procesos judiciales más extensos y dolorosos en la historia criminal de Tucumán. Luego de 14 intensas jornadas de debate oral, el Tribunal de la Sala III de la Cámara Penal escuchará los alegatos finales de las partes en la causa por el crimen de Paulina Lebbos.
El cuerpo colegiado está integrado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, quienes deberán escuchar las conclusiones del fiscal Carlos Sale y de los abogados defensores antes de ingresar a la etapa de deliberación.
Será una audiencia clave, ya que en ella la acusación y las defensas fijarán sus posiciones definitivas, con pedidos concretos de condena o absolución para los dos únicos imputados que llegaron a esta instancia oral.
Lo que se exponga en esta jornada marcará el pulso de una investigación que arrastra 20 años de controversias y que, hasta ahora, nunca tuvo condenados por el homicidio en sí de la joven estudiante.
Paulina Lebbos desapareció en la madrugada del 26 de febrero de 2006, luego de salir de un boliche ubicado en la zona del Abasto. Su cuerpo fue encontrado casi dos semanas después, a la vera de la ruta 341, en Tapia.
Desde entonces, el expediente transitó un extenso derrotero judicial signado por irregularidades, denuncias de encubrimiento y numerosas derivaciones penales.
En causas anteriores ya fueron condenados altos mandos policiales y ex funcionarios vinculados a maniobras para desviar la investigación. Entre ellos figuran el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez y el ex fiscal Carlos Albaca.
Sin embargo, el debate actual se concentra específicamente en determinar responsabilidades sobre la muerte de Paulina.
En el banquillo de los acusados se encuentran César Soto, ex pareja de la víctima y padre de su hija, señalado como presunto autor material del crimen, y Sergio Kaleñuk, hijo de quien fuera secretario privado del entonces gobernador José Alperovich.
A Kaleñuk se le atribuye haber colaborado en la desaparición del cuerpo y en la posterior maniobra de ocultamiento.
El juicio comenzó el 3 de marzo y durante estas semanas el tribunal escuchó a 41 testigos, además de incorporar declaraciones previas de otras tres personas ya fallecidas.
Uno de los aspectos más relevantes del debate fue la exposición de contradicciones, lagunas de memoria y presuntos “olvidos” de distintos declarantes, situaciones que volvieron a poner bajo sospecha las actuaciones policiales originales.
También se analizaron versiones sobre supuestas manipulaciones en actas labradas en los primeros momentos de la investigación y denuncias de presiones o falsedades en testimonios tomados en el antiguo Departamento de Informaciones Policiales, conocido como D2.
La etapa probatoria concluyó con la incorporación de 220 elementos documentales y técnicos, entre ellos pericias médicas, estudios bioquímicos, informes de autopsia y cruces de llamadas telefónicas.
Sobre esa base, el fiscal Sale deberá reconstruir la acusación y explicar por qué sostiene que Soto mató a Paulina por asfixia en una vivienda ubicada en calle Estados Unidos al 1.200, detrás del parque 9 de Julio.
También deberá precisar de qué manera, según la hipótesis oficial, Kaleñuk intervino en la disposición del cuerpo y en las posteriores maniobras de encubrimiento.
Del otro lado, el defensor oficial Roque Araujo, representante de Soto, junto a los abogados Patricio Char y Candela Álamo, defensores de Kaleñuk, intentarán desarticular la teoría fiscal.
Las defensas pondrán el foco en las debilidades de la instrucción original, cuestionada desde sus inicios por falta de rigor técnico y por la pérdida de pruebas consideradas clave que nunca pudieron recuperarse.
En tribunales se vive un clima de fuerte expectativa y tensión. Se estima que las exposiciones podrían extenderse durante toda la jornada debido al volumen y complejidad del material reunido.
Para la familia Lebbos, esta instancia representa mucho más que una audiencia judicial: simboliza el cierre de una lucha sostenida durante años que trascendió el ámbito personal para convertirse en una bandera colectiva de reclamo de justicia en Tucumán.
Concluidos los alegatos, el tribunal quedará en condiciones de deliberar. Se prevé que mañana martes se conozca la sentencia que definirá si, después de veinte años de marchas, denuncias y expedientes, finalmente habrá responsables condenados por el crimen de Paulina Lebbos o si el caso continuará rodeado por la sombra de la duda.
