El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, alteró de forma estructural la metodología con la que se liquida el atributo social del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). El cambio normativo estipula que el descuento del 55% otorgado a nivel federal dejará de indexarse en sintonía con las subas que determinen los gobiernos provinciales o municipales en sus respectivas líneas de colectivos y trenes.
A partir de la fecha, el Estado nacional tomará como base de referencia inamovible los cuadros tarifarios que se encontraban vigentes al 30 de junio de 2026. Esto implica que, ante futuros incrementos decretados por las administraciones locales para sostener sus sistemas de transporte, el monto neto subsidiado por la Nación permanecerá estático, obligando a los usuarios o a las propias jurisdicciones a absorber la diferencia resultante.
Los argumentos oficiales detrás de la medida
Desde el Poder Ejecutivo fundamentaron la implementación del nuevo esquema bajo la premisa de ordenar el gasto público y dotar de mayor previsibilidad a las partidas presupuestarias del Tesoro Nacional. De acuerdo con el texto de la resolución, las frecuentes y desigualdades actualizaciones de tarifas dispuestas por los municipios generaban un descalabro financiero, dado que el Estado nacional terminaba financiando mayores aportes automáticos gatillados por decisiones ajenas a su órbita de planificación.
La normativa oficial puntualiza las siguientes competencias:
- Autonomía de fijación: La medida no altera las facultades de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ni de las intendencias para dictar sus propios cuadros tarifarios.
- Financiamiento propio: Las jurisdicciones conservan la potestad de estructurar gratuidades o franquicias de transporte superiores a las de la Nación, pero deberán instrumentarlas bajo sus respectivos esquemas de financiamiento local.
El nuevo parámetro determina exclusivamente el tope que utilizará el Estado Nacional para el reconocimiento del atributo social financiado con partidas de las arcas federales.
Implementación técnica y beneficiarios alcanzados
La puesta en marcha operativa del nuevo sistema de cálculo fue delegada a la empresa estatal Nación Servicios S.A., la cual ya inició las tareas de reconfiguración digital del software de la tarjeta SUBE para que las lectoras computen el beneficio sobre los topes de referencia preestablecidos y no sobre el valor real de la máquina validadora.
El congelamiento de la base del subsidio impacta de forma directa sobre un amplio universo de usuarios que integran el padrón de la Tarifa Social, entre los que se listan:
- Jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
- Personal de casas particulares y Monotributistas Sociales.
- Excombatientes de Malvinas y beneficiarios del Seguro por Desempleo.
- Integrantes de programas de empleo como Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
