El Poder Ejecutivo nacional se encuentra en la etapa final para dar el puntapié inicial a una de las privatizaciones más importantes contempladas en la Ley Bases. Fuentes oficiales confirmaron que los pliegos de bases y condiciones para transferir a manos privadas la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. ingresaron en su última revisión legal dentro de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía. De no mediar imprevistos, el texto definitivo será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, abriendo un millonario negocio logístico por un extenso plazo de 50 años.
Aunque la intención original de la Casa Rosada era acelerar este proceso a comienzos de año, la complejidad técnica de la red ferroviaria obligó a realizar una serie de auditorías cruzadas entre diversas áreas del Estado, lo que terminó dilatando el cronograma inicial. El nuevo esquema de privatización establece una ventana de 90 días para que las corporaciones interesadas presenten sus propuestas formales, con el objetivo de concretar las adjudicaciones definitivas entre finales de este año y principios del próximo. La licitación abarcará de forma conjunta a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, claves para el traslado de granos, insumos industriales y materias primas hacia los puertos de exportación.
A diferencia del modelo implementado durante la década de los 90, el negocio se estructurará en tres unidades operativas independientes: la administración de las vías, la gestión de los talleres y el usufructo del material rodante. Sin embargo, los pliegos permitirán que un mismo grupo económico pueda competir de manera simultánea por todas las áreas para explotar el servicio de forma integral. Esta flexibilización regulatoria despertó el interés del holding internacional Ferromex (Grupo México), que analiza un desembarco en el país con un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares. En el plano local, ya asoma un potente consorcio exportador integrado por las principales cerealeras del mercado, como Bunge, Cargill, ACA, AGD y Louis Dreyfus, junto a constructoras nacionales como el Grupo Roggio.
Para apuntalar el atractivo financiero de la licitación, el Gobierno Nacional emitió previamente el Decreto 282/2026, el cual faculta la venta anticipada de vagones y locomotoras en desuso para destinar esos fondos a un plan de obras estatales en las vías por cerca de 800 millones de dólares. Además, las autoridades económicas confirmaron un incentivo de peso: todos los desembolsos de capital que efectúen los futuros concesionarios gozarán de los beneficios impositivos y aduaneros contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Por último, el nuevo marco operativo aplicará de forma estricta el sistema de acceso abierto. Esta modalidad de transporte romperá con los viejos monopolios de vía al permitir que cualquier operador privado o dador de carga pueda hacer correr sus propias formaciones o contratar servicios de terceros a lo largo de toda la red nacional. Mediante el pago de un canon o peaje preestablecido a la firma adjudicataria, el Gobierno apuesta a generar una mayor competencia que reduzca drásticamente los costos de flete y eleve los volúmenes de rentabilidad comercial de los productores rurales de las economías regionales.
