La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la realización de un paro nacional con movilización convocado para el próximo lunes 3 de agosto. La jornada de protesta incluirá una marcha hacia la sede del Ministerio de Economía de la Nación con el objetivo de exigir la recomposición urgente de los haberes en la administración pública, la reapertura de las negociaciones paritarias y el cese de los despidos y cierres de organismos estatales.

El paro coincidirá con la fecha del reinicio del ciclo lectivo tras el receso escolar de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas provincias. Frente a esta coincidencia de calendario, la conducción de ATE evalúa la articulación de acciones de protesta conjuntas con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Diagnóstico de pérdida salarial y endeudamiento

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó severamente los acuerdos paritarios recientes y el impacto de la política de ajuste sobre la masa asalariada del sector público, señalando que la retribución de los trabajadores estatales “tendría que ser más del doble de lo que es ahora”.

Las variables económicas y sociales expuestas por la conducción del sindicato para fundamentar la huelga abarcan los siguientes indicadores:

• Pérdida del poder adquisitivo: El gremio estima una reducción acumulada del 45% en la capacidad de compra de los salarios estatales durante la actual administración.
• Desfasaje paritario: ATE remarcó que la pauta salarial acumulada a junio alcanzó un 12,9%, quedando rezagada frente a una inflación que registró un 16,9% en el mismo período.
• Impacto de las tarifas: Aguiar denunció incrementos superiores al 900% en el costo de los servicios públicos esenciales desde el inicio de la gestión nacional.
• Endeudamiento de los hogares: La pérdida de ingresos reales empujó a los trabajadores estatales a recurrir al endeudamiento mediante entidades bancarias y circuitos de prestamistas informales para cubrir sus gastos corrientes.

Denuncia por el desmantelamiento de reparticiones

Además de los reclamos salariales, ATE fundamentó la medida de fuerza en el cierre de reparticiones y el despido continuado de personal en la administración pública central. Desde la organización sindical remarcaron que el achicamiento de la estructura del Estado compromete de forma directa la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

Asimismo, la dirigencia gremial vinculó la situación de los empleados públicos con la recesión general que golpea al sector privado, manifestada en la destrucción de empleo registrado y la parálisis de la actividad productiva. Por estas razones, la conducción de ATE confirmó que sostendrá el plan de lucha en las calles para exigir una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo.