José Ricardo Ascárate e Ingrid Lausberg, ambos designados por el Gobernador Osvaldo Jaldo, mantienen una disputa por el control administrativo del organismo. Aunque la subinterventora negó diferencias personales, los expedientes revelan un enfrentamiento abierto. El sindicato del empleados del ERSEPT, convocó a un paro para este jueves 30 de julio.
La crisis institucional que atraviesa el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) suma un nuevo capítulo. La disputa entre el interventor José Ricardo Ascárate y la subinterventora administrativa financiera Ingrid Lausberg ya dejó de ser una diferencia de criterios para trasladarse al plano formal, con expedientes, intimaciones, acusaciones cruzadas y distintas interpretaciones sobre el alcance de las atribuciones de cada funcionario.
Ambos fueron designados por el Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, pero mantienen posiciones enfrentadas respecto de quién debe intervenir en las actuaciones administrativas y financieras del organismo, situación que amenaza con profundizar la parálisis de un ente clave para el control de los servicios públicos provinciales.
Los trabajadores vuelven al paro
En medio de la interna de la conducción, la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (ATERET) convocó a un nuevo paro de actividades para este jueves 30 de julio, desde las 10, en la sede ubicada en Córdoba 560.
El sindicato ya había presentado el pasado 23 de julio una denuncia ante la Secretaría de Trabajo en la que expuso presuntos atropellos y hostigamientos por parte de funcionarios del organismo, demoras en la resolución de expedientes, pedidos de pronto despacho sin respuesta, discriminación en el otorgamiento de adicionales y la falta de renovación de contratos.
Entre los reclamos también figura la falta de pago del beneficio por sepelio o luto correspondiente a los familiares de un trabajador fallecido. Según informó ATERET, estas situaciones fueron denunciadas además ante la Intervención, el Tribunal de Cuentas y la Justicia.
Tras una primera medida de fuerza parcial realizada el 24 de julio, el gremio resolvió profundizar el plan de lucha bajo las consignas “¡Basta de atropellos y persecución!” y “¡Basta de ñoquis VIP!”.
Una crisis en medio del tarifazo de EDET
El conflicto interno del ERSEPT ocurre en un momento especialmente delicado para la provincia, marcado por el fuerte malestar social generado por los aumentos en las tarifas eléctricas de EDET.
En ese contexto, el organismo debería concentrar sus esfuerzos en controlar a la empresa distribuidora, fiscalizar la calidad del servicio y atender los reclamos de los usuarios. Sin embargo, la crisis interna y el conflicto gremial ponen en duda su capacidad operativa.
Expedientes cruzados e intimaciones
La disputa entre Ascárate y Lausberg quedó formalmente expuesta el 22 de julio, cuando la subinterventora cuestionó la Nota N.º 159/2026 mediante la cual se había solicitado a Recursos Humanos información sobre la situación de trece agentes en un plazo de 24 horas.
Lausberg sostuvo que se había omitido la intervención de su área, se declaró avocada al expediente y ordenó que toda la documentación fuera remitida a su despacho para realizar un control de legalidad.
Además, intimó al cese de cualquier requerimiento administrativo que no contara con la participación de la Subintervención y advirtió sobre una eventual delegación irregular de funciones, reservándose la posibilidad de elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado e incluso a la Justicia Penal.
En ese mismo expediente, vinculó el requerimiento efectuado a Recursos Humanos con un supuesto contexto de hostigamiento hacia la responsable del área y su personal. Se trata de manifestaciones incorporadas a un expediente administrativo y no de hechos establecidos por una resolución judicial.
Ascárate rechazó los planteos
El interventor respondió rechazando la postura de Lausberg y sostuvo que la creación de la Subintervención no modificó las facultades que conserva como máxima autoridad del organismo en materia de dirección, administración, organización y conducción.
También negó que la subinterventora pueda ejercer un control previo sobre todas las actuaciones administrativas y advirtió que ese mecanismo implicaría una superposición de competencias.
Según expresó en su respuesta, la retención de expedientes fuera del circuito administrativo habitual ya habría generado demoras y desorden en el funcionamiento del ERSEPT.
Lausberg buscó bajar la tensión
Luego de que trascendiera públicamente el intercambio de actuaciones, Lausberg difundió un comunicado en el que intentó descomprimir el conflicto.
“No existen diferencias de orden personal con el titular del ERSEPT”, aseguró.
La funcionaria afirmó que su designación tuvo como objetivo fortalecer el funcionamiento administrativo del organismo y sostuvo que trabaja para garantizar la armonía institucional, la coordinación entre las distintas áreas, el respeto por la legalidad y una gestión basada en el diálogo.
No obstante, ese mensaje no modificó el contenido de los expedientes administrativos, donde ambas autoridades mantienen posiciones contrapuestas sobre el alcance de sus funciones.
El origen del conflicto
La discusión encuentra su origen en el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N.º 2/3, firmado el 29 de abril de 2026.
La norma creó la Subintervención Administrativa Financiera y designó a Lausberg al frente de esa estructura. En sus fundamentos, el Gobierno justificó la medida señalando la necesidad de fortalecer el funcionamiento administrativo del ERSEPT “con autonomía exclusiva en dicha materia”.
Sin embargo, en la parte resolutiva del decreto se estableció que esa competencia debía ejercerse “sin perjuicio de las competencias propias de la Intervención y de la coordinación institucional que corresponda”.
Ese punto es hoy el núcleo de la disputa. Mientras Lausberg interpreta que posee autonomía para intervenir en todas las actuaciones administrativas y financieras, Ascárate sostiene que el decreto preserva expresamente las atribuciones que la ley le reconoce como interventor.
La Legislatura ratificó posteriormente el decreto mediante la Ley N.º 9982 sin introducir modificaciones.
Con expedientes cruzados, un nuevo paro de trabajadores, denuncias gremiales y una conducción dividida, el ERSEPT atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años, justo cuando los usuarios reclaman un mayor control sobre la prestación y el costo de los servicios públicos.
