Alrededor de 85.500 hectáreas de la provincia de Tucumán equivalentes al 4,04% de su superficie total pertenecen a capitales extranjeros, principalmente de origen español y belga. Así lo reveló el Mapa de Extranjerización elaborado por el Observatorio de Tierras a partir de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia.
Aunque el promedio tucumano se posiciona por debajo de la media nacional (4,97%), el panorama interno expone marcadas asimetrías departamentales, según un informe publicado por Tendencia de Noticias. Cruz Alta registra el escenario más crítico con el 16,42% de su territorio extranjerizado, superando el tope legal fijado por la normativa nacional. Le siguen Burruyacu (9,02%), Río Chico (7,52%) y Famaillá (5,32%). En el extremo opuesto, San Miguel de Tucumán se erige como la única jurisdicción sin hectáreas en manos de firmas internacionales.
La escala nacional y el mapa de recursos estratégicos
El relevamiento —impulsado por docentes e investigadores del Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la FCE-UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias— contabiliza un total de 13,2 millones de hectáreas extranjerizadas en toda la Argentina, una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra.
A nivel país, existen 36 departamentos que sobrepasan el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras. Las situaciones más complejas se concentran en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la propiedad extranjera supera el 50% de la superficie, afectando áreas clave con presencia de agua dulce y recursos mineros.
El debate parlamentario por la Ley de Propiedad Privada
El informe se conoce en la previa del debate en el Senado de la Nación, donde está previsto tratar el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa oficialista busca eliminar el cupo del 15% para la compra de campos por parte de extranjeros, delegando en cada provincia la facultad de fijar sus propios límites. Asimismo, el texto propone agilizar los procesos de desalojo mediante modificaciones en los códigos Civil, Comercial y Procesal, elevar las exigencias para las expropiaciones estatales e introducir cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
Mientras desde el Gobierno nacional defienden las reformas bajo la premisa de brindar previsibilidad jurídica y atraer inversiones extranjeras, organizaciones ambientales y sociales advierten sobre el impacto de la desregulación en la soberanía territorial y el control de los bienes naturales.
