Este martes, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de las universidades públicas, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por el Ejecutivo nacional.
En concreto, la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto.
La decisión se fundamentó en que la Corte rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.
La decisión deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.
La Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena. De este modo, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa.
El conflicto se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025.
Esa norma, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras tras un amplio respaldo legislativo y movilizaciones universitarias, establece actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas, entre ellos el Progresar.
Ante la demora en su cumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo.
En junio, la Corte Suprema había dejado firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Ejecutivo, el tribunal sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
