El Gobierno nacional decidió retirar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que habilitaba cambios en el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, con el objetivo de garantizar la sesión prevista para este jueves en el Senado.
La decisión se tomó luego de intensas negociaciones encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con legisladores y sectores aliados, en medio de las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Durante la mañana de este miércoles, los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén), ambos considerados aliados del Gobierno nacional, confirmaron que sus representantes votarían en contra del capítulo referido a las tierras rurales.
La postura de ambos mandatarios complicó la estrategia de La Libertad Avanza, que necesitaba alcanzar los 37 votos para sancionar el proyecto.
Frente a ese escenario, el oficialismo optó por eliminar el apartado más polémico para evitar que toda la iniciativa quedara en riesgo.
Qué establecía el capítulo eliminado
El texto proponía mantener la prohibición para que Estados extranjeros adquirieran tierras rurales en la Argentina.
Sin embargo, habilitaba la compra por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta, siempre que contaran con autorización de la provincia donde se encontrara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Ese punto generó fuertes cuestionamientos de distintos sectores políticos y de varios gobernadores, que consideraban que implicaba flexibilizar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales.
El oficialismo busca asegurar la sesión
Con la eliminación del capítulo más controvertido, el Gobierno apuesta a destrabar las negociaciones y garantizar el tratamiento del resto del proyecto durante la sesión de este jueves en el Senado.
La decisión representa un cambio de estrategia del oficialismo, que priorizó asegurar la aprobación de la iniciativa antes que insistir con uno de los puntos que mayor resistencia generó entre aliados y opositores.
