La edil, Daniela Bravo, formalizó su reclamo ante el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba, tras ser despojada de su equipo de trabajo y de la Vicepresidencia 1.ª. Acusa persecución política por su distanciamiento del espacio del diputado Javier Noguera y de la intendenta Alejandra Rodríguez.
Silencio administrativo y despojo del equipo de trabajo
En el escrito presentado ante la conducción del cuerpo, Bravo recordó que el 1 de abril pasado interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución del 26 de marzo que dispuso su remoción del cargo de vicepresidenta primera del Concejo Deliberante. Al haber transcurrido los plazos legales fijados por la Ley 5.529 y la Constitución provincial sin una respuesta formal, la edila dio por configurada la denegatoria tácita por silencio administrativo.
A esta situación se sumó una segunda nota donde manifestó su “profunda preocupación” por la quita de los tres agentes adscriptos que cumplían tareas en su despacho legislativo:
“La medida se implementó sin notificación formal, sin fundamentos y sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Soy la única integrante del cuerpo a la que se le retiró la totalidad de su personal”, denunció la edila, remarcando que el hecho constituye una “clara discriminación” y un trato desigual, considerando además la escasa representación femenina en el recinto (2 de 12 ediles).
Bravo sostuvo en sus redes sociales que sus proyectos permanecen encajonados desde marzo y exigió que se restablezcan las condiciones operativas para ejercer su banca, recordando que accedió a la misma siendo la concejala más votada de la lista oficialista.
Antecedente: protestas frente al municipio por despidos en el área de Hábitat
El escenario de tensión política en el municipio tiene un antecedente reciente en las calles. Semanas atrás, se desató un duro conflicto laboral en las puertas del edificio municipal de Tafí Viejo tras la denuncia por el despido de diez trabajadores que prestaban servicios en el área de Hábitat.
Los empleados afectados, acompañados por familiares y vecinos, realizaron una manifestación con custodia policial tras ser desvinculados sin preaviso ni liquidación, después de prestar servicios entre 15 y 18 años, con ingresos cercanos a los $440.000 abonados mediante billeteras virtuales. Durante la protesta, los manifestantes denunciaron que la gestión municipal colocó candados en las oficinas para impedirles el ingreso.
A pesar de que sectores políticos vincularon las bajas al respaldo que los trabajadores habrían expresado hacia la figura de Daniela Bravo en el marco de la interna oficialista, desde el gremio que representa a los municipales rechazaron que el conflicto responda a una disputa política, aclarando que el reclamo es estrictamente laboral y manteniendo el pedido de audiencia con la intendenta Alejandra Rodríguez.
