Este miércoles, la Justicia tucumana le ordenó al Poder Ejecutivo poner fin a la intervención administrativa del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).
En ese sentido, le otorgó al gobernador Osvaldo Jaldo un plazo de 60 días para avanzar con la normalización institucional del organismo.
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los vocales Sergio Gandur y Ebe López Piossek, al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por un grupo de propietarios de salones de fiestas y entretenimiento.
Cabe recordar que en 2020 otro fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ya había ordenado al Ejecutivo normalizar el organismo junto con otros entes autárquicos provinciales, aunque aquella decisión fue apelada.
