El Consejo de la Magistratura de la Nación dio un nuevo paso en el análisis de la actuación del vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Mario Rodolfo Leal, al incorporar formalmente en la Comisión de Disciplina el expediente que impulsa una denuncia en su contra.
Aunque el tratamiento fue postergado durante la última sesión, el pedido de medidas de prueba quedó planteado y será uno de los ejes del proceso destinado a determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un procedimiento disciplinario o acusatorio.
La actuación corresponde al expediente 85/2026, caratulado “Robles Juan Andrés c/ Dr. Leal Mario Rodolfo”, en el que se busca reunir la documentación necesaria para evaluar la verosimilitud de las conductas denunciadas contra el magistrado.
Las primeras medidas fueron promovidas por el consejero informante Alberto Lugones, quien solicitó que se libre un oficio al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán para que remita copias digitales del expediente penal FTU 5386/2026, identificado como “NN u otro a determinar querellante Martínez Salazar Pérez Mario Alberto”.En forma paralela, requirió al Juzgado Federal de Catamarca el envío de todas las resoluciones dictadas en la causa FTU 5253/2022, “Yazbek Federico y otros s/lavado de activos”, vinculadas con Jerónimo Martínez Parada, hijo del denunciante.
El objetivo de estas medidas es contrastar la documentación judicial con los elementos aportados por el abogado Juan Andrés Robles, representante de Mario Alberto Martínez Salazar, tras el procesamiento dictado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez contra Luis Alejandro Ontiveros por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas.
Según la presentación de la querella, la investigación penal habría revelado un entramado de estrecha relación entre Ontiveros —quien se presentaba públicamente como “hijo del corazón” de Leal— y el camarista federal. En ese contexto, sostienen que el acusado habría invocado una supuesta influencia directa sobre las decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para intervenir ilegítimamente en distintos expedientes.
La denuncia también hace referencia a otro vínculo que será materia de análisis.
La relatora exclusiva de Leal en la Cámara Federal es Solana Casella, postulante al cargo de jueza federal N° 1 de Tucumán y esposa de Ontiveros.
Entre los aspectos que la Comisión de Disciplina pretende verificar figura la participación de Leal en la resolución que revocó la falta de mérito de Jerónimo Martínez Parada en una causa tramitada en Catamarca, oportunidad en la que el camarista votó en contra del imputado mientras se debatía un incidente relacionado con su prisión preventiva.
De acuerdo con la denuncia presentada ante el Consejo, esas resoluciones judiciales habrían sido utilizadas como un mecanismo de presión extorsiva por personas vinculadas al entorno investigado durante los primeros meses de 2025.
La recopilación de pruebas también buscará contextualizar diversos elementos incorporados por el Ministerio Público Fiscal durante la investigación penal. Entre ellos figuran anotaciones halladas en dispositivos electrónicos con presuntas credenciales informáticas pertenecientes a la vocalía de Leal, capturas de pantalla de proyectos de resoluciones obtenidas desde el sistema interno de los tribunales federales y registros sobre una supuesta distribución de dinero.
Asimismo, el Consejo analizará otros aspectos incluidos en la denuncia, como el presunto uso por parte de Ontiveros de un vehículo asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la eventual vinculación de cuentas operativas relacionadas con la investigación.
El requerimiento de los expedientes judiciales de Tucumán y Catamarca constituye una etapa clave para la instrucción del caso dentro del Consejo de la Magistratura.
Una vez incorporada y analizada esa documentación, la Comisión de Disciplina deberá determinar si corresponde archivar la denuncia, citar al magistrado conforme al artículo 11 del reglamento disciplinario o profundizar el sumario con vistas a una eventual investigación sancionatoria.
