La compañía de Mark Zuckerberg enfrenta en un tribunal federal de California uno de los mayores desafíos judiciales de su historia. Cuatro estados encabezan la primera fase de una demanda que acusa al gigante tecnológico de diseñar algoritmos para maximizar el tiempo de conexión de niños y adolescentes, recopilar datos de menores de 13 años y ocultar informes internos sobre los riesgos para la salud mental.
La empresa niega la existencia de una adicción clínica y defiende sus herramientas de control parental.
En el tribunal federal de Oakland, California, dio inicio formal el juicio contra Meta Platforms por el presunto impacto perjudicial de Facebook e Instagram sobre la salud mental y la seguridad de niños y adolescentes.
El litigio, originado a partir de una megademanda conjunta presentada en 2023 por 29 estados de los Estados Unidos, representa el mayor desafío legal y regulatorio al modelo de negocio de la compañía desde su fundación.
En esta primera instancia procesal, el debate se concentra en las presentaciones de los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, mientras que los 25 distritos restantes aguardarán una etapa posterior.
Las autoridades estatales reclaman sanciones económicas históricas y la aplicación de cambios estructurales obligatorios en el diseño y funcionamiento de ambas plataformas.
La acusación: algoritmos adictivos y documentos internos bajo la lupaDurante el alegato de apertura, la fiscal adjunta de California, Megan O’Neill, remarcó que la conducción de Meta conocía con precisión los efectos nocivos de sus productos sobre el público infantil y adolescente, pero priorizó sistemáticamente el incremento del tiempo de permanencia dentro de las aplicaciones para monetizar la atención de los usuarios.
Para sustentar la imputación, los demandantes expusieron correos electrónicos, chats internos e investigaciones confidenciales elaboradas por los propios equipos de la empresa. Entre el material exhibido ante el jurado, se destacó un estudio interno de Instagram que advertía textualmente:
“Los adolescentes tienen una visión del consumo propia de los adictos”.
Asimismo, otros documentos reconocían de forma explícita que las funciones diseñadas para maximizar el uso diario entraban en conflicto directo con el bienestar personal de los menores.
Otro eje central de la demanda recae sobre los usuarios menores de 13 años.
Pese a que las políticas formales de Instagram fijan esa edad como límite mínimo para registrarse, los estados sostienen que la compañía tenía pleno conocimiento de que millones de niños de 11 y 12 años utilizaban el servicio, incurriendo en presuntas violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) y normativas estatales de defensa del consumidor.
El testimonio de Arturo Béjar y la doctrina “no preguntes, no digas”El primer testigo convocado por los fiscales fue Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta especializado en infraestructura de seguridad. En su declaración, el exempleado relató cómo las métricas de crecimiento y retención prevalecían sistemáticamente sobre las advertencias del área de protección al usuario.
Béjar denunció ante el estrado que la empresa aplicaba internamente una política de “No preguntes, no digas” respecto a la presencia de menores de 13 años.
Según su testimonio, aunque la firma disponía de tecnología avanzada para clasificar perfiles, evitaba aplicar esos mismos filtros para detectar y bloquear a los chicos que vulneraban el requisito de edad mínima.
La defensa de Meta: objeción científica y herramientas de control
Por su parte, la defensa técnica de Meta, encabezada por el abogado Paul Schmidt, rechazó de plano las acusaciones y solicitó al tribunal analizar las investigaciones corporativas en su totalidad.
Respecto al informe que señalaba que uno de cada cinco adolescentes experimentaba malestar al usar Instagram, el letrado remarcó que ese mismo relevamiento reflejaba que un 41% manifestaba sentirse mejor y otro 41% no percibía alteraciones.
La compañía sostuvo que el uso intensivo de pantallas no equivale a un cuadro de adicción clínica comprobado científicamente y destacó la implementación progresiva de herramientas como cuentas supervisadas, alertas de descanso, restricciones para cuentas de adolescentes y mecanismos de detección automática.
Desde Meta argumentaron además que las propias leyes de privacidad limitan la recolección de datos biométricos o personales necesarios para verificar con exactitud la edad biológica de cada usuario.
Multas billonarias y posibles cambios estructurales en las redes
El desenlace del proceso no solo contempla eventuales penalidades económicas —que van desde estimaciones fiscales de US$ 200.000 millones hasta cifras teóricas calculadas en torno a los US$ 1,4 billones—, sino la imposición de reformas obligatorias en la arquitectura de las plataformas. Entre las medidas exigidas figuran:Supresión o modificación del desplazamiento infinito (infinite scroll).Alteraciones en el sistema de visualización de “Me gusta” e interacciones.
Límites de tiempo automáticos e irrevocables para menores de edad.Mecanismos estrictos de verificación etaria previa al registro.
El juicio se extenderá durante varias semanas e incluirá las testimoniales de los principales directivos de la corporación, entre ellos el director ejecutivo Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri. Si bien el jurado emitirá un veredicto de carácter consultivo, la resolución final y la aplicación de medidas correctivas quedarán en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, en un fallo que sentará un precedente clave para el resto de las compañías tecnológicas globales.
