El juez federal Martín Cormick citó a representantes del Poder Ejecutivo, la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto por la aplicación de la Ley 27.795. La reunión se desarrolla en el marco de un paro nacional de docentes y nodocentes.

El conflicto por la actualización de las partidas presupuestarias y salariales de las casas de altos estudios suma un nuevo capítulo en los tribunales. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, convocó a las partes a una audiencia de conciliación con el objetivo de encauzar el diálogo y evaluar el grado de cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.

La convocatoria judicial fue motivada por una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con la asistencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que, tras expresar reparos iniciales y exigir la ejecución directa de las cautelares, ratificó su presencia en el juzgado.

Los ejes del reclamo y el alcance de la Ley 27.795

El debate central gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), sancionada por el Congreso en 2025. Ante la falta de implementación de diversos apartados de la norma, el sistema universitario recurrió a la vía legal, logrando una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los puntos de mayor tensión que las universidades llevarán a la mesa de discusión se destacan:

• Recomposición salarial y becas: Exigencia del cumplimiento efectivo del fallo que obliga al Estado nacional a actualizar los haberes del personal docente y nodocente, así como los montos de las becas estudiantiles.
• Presupuesto operativo: Distribución de partidas de funcionamiento para garantizar la operatividad diaria de los establecimientos.
• Hospitales universitarios y Ciencia: Asignación de fondos específicos para la red sanitaria universitaria y el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.

Negociación en medio de medidas de fuerza

La audiencia se lleva a cabo en un contexto de marcada conflictividad gremial. Las federaciones docentes y nodocentes de todo el país mantienen un paro general de actividades que se extenderá hasta este sábado 22 de agosto, en reclamo de una recomposición habida de la pérdida del poder adquisitivo.

Mientras las autoridades universitarias buscan que el magistrado intime al Ejecutivo a desembolsar los recursos estipulados por ley, desde la Casa Rosada sostienen su postura sobre los límites del gasto público y la readecuación de las obligaciones presupuestarias del Tesoro Nacional. La resolución de la causa de fondo continuará su trámite en el fuero contencioso administrativo.