“Hay muchas casas sin gente, y muchísima gente sin casas”, sentenció el arquitecto Hugo Cabral, titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Un relevamiento realizado por profesionales contratados por el IPV arrojó que sólo dentro del área central de la capital, más conocida como “dentro de las cuatro avenidas”, arrojó que hay 547 viviendas con carteles de venta o alquiler y 275 en estado de abandono, lo que totaliza 822 casas deshabitadas en apenas 20 km2, que representan el 22% de la superficie total de la capital, que abarca 91 km2.
Este informe no tomó en cuenta a departamentos ni al resto de la ciudad, por lo que el número total de viviendas deshabitadas sería exponencialmente mayor.
El arquitecto consideró que debería buscarse una solución a esta situación, de forma conjunta entre el IPV, el municipio y el sector privado, frente a la gran demanda de viviendas que existe no sólo en la capital sino en toda el área metropolitana y en la provincia en general.
“Trabajamos sobre una agenda vieja, con muchos incumplimientos, pero esto no ocurre sólo en la capital, sino en casi todos los municipios del país.
La población fue envejeciendo, hay muchas personas que viven solas, además de las casas vacías; debemos actualizar la agenda”, consideró el funcionario.
“Tenemos por un lado una vieja demanda que sigue intentando satisfacer el Instituto, en donde nos falta todavía, como pasa en todo el país, mucho camino para satisfacer la necesidad de vivienda y hábitat. Y por otro lado las nuevas demandas, de casas con nuevas normas de eficiencia y sustentabilidad”, consideró.
Miles de inscriptosDe las 63.000 personas anotadas en el IPV para acceder a una vivienda, 44.430 corresponden al área metropolitana.
La lista de mayores necesidades habitacionales en el Gran Tucumán la encabeza la capital, con 30.986 inscriptos. Le siguen Las Talitas (3.094); Tafí Viejo (2.718); Yerba Buena (2.302); Banda del Río Salí (2.091); Alderetes (1.708); El Manantial-San Pablo (964); San Andrés (488); y San Felipe-Santa Bárbara (79).Cabral comparó que en Tucumán totalizan 63.000 familias inscriptas en el IPV, pero que ese porcentaje es menor comparado con las 6 millones de personas sin vivienda en todo el país, sin contabilizar a quienes alquilan por no ser propietarios y no por haber elegido ser inquilinos.
Ponderó que en la ciudad hay 323 barrios y que 120 fueron construidos por programas estatales. “Es decir, el 37,15% de los barrios de la ciudad han sido desarrollados por el Instituto, lo que habla de la incidencia de la vivienda social en la provincia y en la ciudad. Es un fenómeno complejo para abordar pero que es urgente”, señaló.
Reconoció que el IPV arrastra más de 10 años de incumplimientos, pero que es una situación que no puede resolverse en el corto plazo.
Densificación
El titular del IPV expuso este panorama durante la octava audiencia pública para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la capital, durante la primera semana de agosto, y ahora amplió estos conceptos.
Ya conociendo la incidencia que tuvo el Estado en la generación de residencias, Cabral consideró que debe trabajarse en forma conjunta con el municipio y el privado para elevar de densidad baja a densidad media a los sectores más despoblados y postergados de la ciudad. “Sólo por dar un ejemplo, en Villa 9 de Julio hay en promedio 18 familias por cuadra. Si trabajamos para elevar esa densidad baja, a un nivel medio, agregando una planta o dos plantas a las viviendas, tendríamos 40 familias o más por cuadra.
Esto por sí sólo, como ya se demostró en otras ciudades, reactiva inmediatamente la actividad de la zona, le da vida, porque se crean nuevas demandas, nuevas necesidades, comercios barriales, entre otros servicios”, explicó.
Por otro lado están los sitios baldíos. En el área central se contabilizaron 104, pero si se suma al resto de la ciudad seguramente esa cifra se quintuplicaría. “Con los baldíos estamos proponiendo al municipio hacer un acuerdo con los propietarios para parquizar, hacer plazas de salud, equipamientos y espacios para uso comunitario. Serían intervenciones temporales, con beneficios tributarios para los dueños hasta que decidan darle otro destino”, adelantó Cabral.
Sobre la rejerarquización de los baldíos hay un proyecto de ordenanza presentado por los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, que por una cuestión de espacio el diario desarrollará en otro informe. Cabral dijo desconocer este proyecto, pero celebró la idea que ya se aplica con éxito en otras ciudades argentinas.
