La entidad profesional resolvió accionar judicialmente contra las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6238). Cuestionan que la flexibilización de competencias y la unificación de fueros vulneran la garantía del juez natural y diluyen la especialización funcional de los magistrados.
La junta directiva del Colegio de Abogados de Tucumán, conducida por Alberto López Domínguez, encomendó al constitucionalista Christian Alberto Cao la redacción e interposición de la demanda. La acción judicial busca frenar la aplicación del nuevo esquema normativo impulsado por los legisladores Mario Leito, Walter Berarducci, Carolina Vargas Aignasse y Rodolfo Ocaranza, con el respaldo del bloque oficialista encabezado por Roque Tobías Álvarez. La reforma modificó más de 20 artículos de la Ley 6238, además de ajustar el Código Procesal Penal (Ley N° 8933) y la Ley de Competencia Penal Juvenil (N° 9119).
Ejes de la reestructuración y cambios en el mapa judicial
El núcleo de la controversia radica en la eliminación del criterio de asignación material única por juzgado, permitiendo competencias concurrentes entre distintos fueros según la demanda de cada centro judicial:
- Reorganización en el Centro Judicial Capital: Se unificó la Cámara en lo Civil y Comercial Común con la de Documentos y Locaciones en cinco salas de tres miembros. El Colegio de Jueces Penales quedó integrado por 38 magistrados, el Tribunal de Impugnación se elevó a nueve integrantes y se fijaron 15 juzgados de Familia y Sucesiones.
- Reducción de cargos en el interior: En Concepción, el Colegio de Jueces Penales se redujo a 14 miembros y las salas laborales pasaron a tener dos vocales. En Monteros, se fijaron cinco jueces penales y se fusionaron los juzgados en lo Civil y Comercial Común con el de Documentos y Locaciones.
- Ampliación de jurisdicciones: Los jueces de ejecución penal de la capital extendieron su alcance al Centro Judicial Este, mientras que el magistrado de Concepción absorbió Monteros. Los jueces de minoridad y adolescencia tendrán competencia exclusiva en toda la provincia.
- Competencias en la Justicia de Paz: Se otorgó facultad a los Juzgados de Paz Letrados para intervenir en divorcios sin efectos patrimionales, alimentos provisorios, desalojos, medidas de protección y litigios de consumo. La revisión de sanciones contravencionales se trasladó al fuero contencioso administrativo.
- Plazos procesales penales: Se acotaron los tiempos de resolución del Tribunal de Impugnación a un rango de entre 3 y 5 días (extensible a 10 en causas complejas) y se acotó el uso de jueces suplentes en órganos colegiados.
