La fiscal Mariana Rivadeneira imputó por peculado a conductores y recolectores del servicio de higiene urbana. La investigación determinó que alteraban sus recorridos habituales para extraer el gasoil de la flota oficial y almacenarlo en bidones para su venta ilegal.
Un escándalo institucional salpica a la Municipalidad de Alderetes tras salir a la luz una investigación judicial por el robo sistemático de combustible. La causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal mediante el auxiliar Federico Lizárraga, formalizó la imputación por el delito de peculado contra siete empleados dedicados a la recolección de residuos urbanos, quienes actuaban en complicidad para sustraer el gasoil destinado al funcionamiento operativo de los vehículos comunales.
La reconstrucción judicial arrojó que los acusados desviaban deliberadamente los camiones en pleno horario de trabajo hasta las inmediaciones de un domicilio particular en el barrio 40 Viviendas. En ese sitio, extraían el carburante de los tanques de las unidades para trasvasarlo a bidones destinados al mercado clandestino, resintiéndose las prestaciones del servicio de limpieza. La jueza del caso dispuso que los siete imputados —seis de los cuales ya fueron desvinculados de la plantilla municipal— continúen el proceso en libertad bajo reglas de conducta, mientras la Fiscalía avanza con las medidas de prueba para precisar el perjuicio económico total.
