El informe de Contaduría General detectó “serias ineficiencias”, extravío de expedientes y un retraso histórico de más de 319.000 actas. La intendenta Rossana Chahla giró las actuaciones a la Fiscalía Municipal y frenó los cambios salariales a los jueces.
El enfrentamiento institucional entre el Departamento Ejecutivo de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Faltas sumó un nuevo y resonante capítulo. A través del Decreto N° 0311, la gestión encabezada por la intendenta Rossana Chahla aprobó una auditoría integral elaborada por la Contaduría General del Municipio, a cargo de Marcelo Albaca, que arrojó conclusiones sumamente críticas sobre la idoneidad y el funcionamiento del órgano contravencional, denunciando una “paralización masiva de causas” y deficiencias estructurales en el cobro de multas.
El relevamiento cruzó información de las reparticiones labradoras (como Tránsito, Catastro e Ingresos Municipales), los 10 juzgados contravencionales, el Sistema Nacional de Infracciones (Sinai) y el Control de Infracciones Tucumán (CIT). Los resultados expusieron una parálisis casi absoluta durante el ejercicio 2024: de un universo de 91.197 causas ingresadas, los jueces de Faltas apenas resolvieron 4.650 (el 5,1%), mientras que 76.344 expedientes (el 83,8%) quedaron totalmente estancados sin resolución y otros 10.113 finalizaron por pago voluntario del infractor (11,1%). El informe constató además un retraso histórico entre 2019 y 2023, donde 319.264 causas sobre 406.355 (el 78,57%) permanecen sin juzgamiento dictado.
La auditoría reportó asimismo irregularidades sustanciales en la prescripción y tramitación de infracciones. Se verificaron extensas demoras entre la fecha de la falta y su carga sistémica, incumplimiento sistemático de plazos de caducidad e incluso la pérdida y extravío de expedientes físicos y actuaciones completas. A ello se sumaron graves falencias operativas: falta de códigos para dependencias clave —como el Centro de Monitoreo, que labró más de 13.000 actas cargadas erróneamente—, manejo precario de talonarios en áreas como Arbolado y trabas burocráticas para remitir expedientes al cobro judicial.
Ante la gravedad del escenario, el instrumento municipal cita el Estatuto para el Personal y advierte que las omisiones configuran “negligencia y morosidad grave en el ejercicio de la función”, causales tipificadas para cesantía o exoneración. En el caso específico de los magistrados, se recordó que su remoción exige un juicio político previo ante el Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que Chahla remitió las actuaciones al fiscal municipal, Conrado Mosqueira, a fin de instruir los sumarios administrativos pertinentes. En paralelo, y para apaciguar el frente interno, el Ejecutivo derogó la norma que desenganchaba los salarios de los jueces respecto de los secretarios municipales, medida que había sido calificada como una “represalia” por el titular del Tribunal de Faltas, Fabián Ignacio Lizondo Ruiz.
