El Gobierno de Osvaldo Jaldo promulgó la Ley 10.011, que adapta el sistema provincial a la reforma nacional impulsada por Javier Milei. La normativa establece un cuerpo de supervisores judiciales y un instituto especializado para menores en conflicto con la ley penal.
Tucumán oficializó este lunes 19 de octubre su nuevo régimen penal juvenil, luego de que el Gobierno provincial promulgara la Ley 10.011, que establece los mecanismos para aplicar la reforma nacional que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y había sido sancionada por la Legislatura el pasado 30 de septiembre.
Con esta decisión, la administración del gobernador Osvaldo Jaldo avanzó en la adecuación del sistema judicial tucumano a la legislación aprobada por el Congreso de la Nación durante este año.
El nuevo esquema contempla procedimientos específicos para adolescentes de entre 14 y 17 años que sean acusados de cometer delitos, así como medidas de supervisión, asistencia y reinserción social.
Qué cambia con el nuevo régimen penal juvenil
La principal modificación introducida a nivel nacional es la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal.
Hasta la reforma, el régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980, fijaba ese límite en los 16 años.
Con la aprobación de la Ley Nacional 27.801, los adolescentes podrán quedar comprendidos en el sistema penal juvenil desde los 14 años cuando se les atribuya la comisión de un delito.
Sin embargo, el nuevo régimen no implica que los menores deban recibir automáticamente las mismas penas ni atravesar los mismos procedimientos que los adultos.
La legislación establece garantías procesales específicas, intervención de operadores especializados y medidas orientadas a la educación, la responsabilización y la reinserción social.
También contempla alternativas a las sanciones privativas de libertad y mecanismos de asistencia a las víctimas.
Tucumán tendrá un cuerpo de supervisores judiciales
Uno de los puntos centrales de la Ley 10.011 es la creación de un Cuerpo de Supervisores, que funcionará bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Su tarea será intervenir en el seguimiento y control de las medidas dispuestas por los jueces en el marco de los procesos penales juveniles.
Esto permitirá establecer mecanismos específicos para verificar el cumplimiento de las decisiones judiciales y acompañar a los adolescentes alcanzados por el nuevo sistema.
La implementación de este cuerpo requerirá la organización de equipos especializados y la coordinación con los organismos provinciales competentes.
El Instituto Cura Brochero tendrá un papel central
La normativa provincial también contempla el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, destinado al abordaje de adolescentes sometidos a medidas y penas judiciales.
El establecimiento formará parte de la estructura institucional encargada de aplicar el nuevo régimen.
El modelo previsto incorpora una intervención interdisciplinaria, con participación de profesionales vinculados a distintas áreas.
Entre los aspectos contemplados se encuentran la educación, la atención de la salud, la contención y el acompañamiento para la reinserción social.
El objetivo es que el cumplimiento de las medidas judiciales incluya herramientas para reducir la reincidencia y favorecer la integración de los adolescentes a la sociedad.
La reforma impulsada por Milei
El cambio en Tucumán se produce después de que el Congreso nacional aprobara la reforma del régimen penal juvenil promovida por el Gobierno de Javier Milei.
La Ley 27.801 recibió sanción definitiva del Senado el 27 de febrero de 2026 y fue promulgada mediante el Decreto 138/2026.
Posteriormente, el Gobierno nacional avanzó con su reglamentación a través del Decreto 875/2026, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
La reglamentación también contempló la creación de una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a coordinar la implementación de la legislación entre la Nación y las provincias.
De esta manera, cada jurisdicción debe adecuar sus estructuras judiciales y administrativas para aplicar los nuevos procedimientos.
Los desafíos para aplicar la ley en Tucumán
Aunque la promulgación de la Ley 10.011 establece el marco legal provincial, su puesta en funcionamiento requiere una serie de adecuaciones institucionales.
Entre ellas se encuentran la conformación de equipos profesionales, la disponibilidad de infraestructura y la coordinación entre el Poder Judicial y los organismos estatales responsables de atender a adolescentes en conflicto con la ley penal.
También será necesario articular las medidas judiciales con políticas de educación, salud y acompañamiento social.
La reforma no se limita a bajar la edad de responsabilidad penal: también modifica la manera en que el Estado debe intervenir cuando un adolescente comete un delito.
Con la publicación de la nueva ley, Tucumán formalizó su incorporación al esquema nacional y deberá avanzar en la organización de los recursos necesarios para su aplicación efectiva.
