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Diputados: los representantes tucumanos mostraron posturas divididas en una extensa sesión

La Cámara aprobó proyectos sobre propiedad privada y vandalismo rural, y rechazó tratar la emergencia pediátrica. El debate continuó durante la madrugada.
Con 131 diputados presentes, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, abrió al mediodía ayer una sesión que se extendió por más de 15 horas, hasta la madrugada de hoy. La agenda, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), incluía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las modificaciones vinculadas con el vandalismo rural y los debates sobre discapacidad, endeudamiento familiar y trazabilidad de medicamentos.

Además del oficialismo, dieron quórum los bloques del PRO, la UCR, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y un sector de Provincias Unidas. En cambio, esperaron fuera del recinto los diputados de Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Independencia -el bloque de los tucumanos alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo-, Encuentro Federal y sectores opositores al Gobierno.

Ley de Tierras

La Cámara aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. La iniciativa, que volvió al Senado para su sanción definitiva, deroga el artículo 134 del DNU 70/23 que había eliminado la Ley de Tierras y restablece la vigencia de la norma 26.737, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales.

Los libertarios Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Gerardo Huesen y Mariano Campero votaron a favor. En contra lo hicieron Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, de UP, junto con Gladys Medina y Elia Fernández, de Independencia. Javier Noguera, también del bloque provincial, estuvo ausente.

En la votación particular del capítulo que restituye la Ley de Tierras, el resultado fue de 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones. Medina y Fernández estuvieron entre quienes rechazaron ese apartado, el resto de los legisladores tucumanos votaron de manera afirmativa.

La norma restablecida fija límites a la participación extranjera en la titularidad de terrenos rurales. En particular, establece que las personas y empresas extranjeras no podrán poseer más del 15% de las tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y municipal. La restitución de esa regulación se incluyó en el proyecto luego de que el DNU 70/23 hubiera dispuesto su eliminación.

La iniciativa sobre propiedad privada también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. El proyecto limita la capacidad del Estado para avanzar sobre bienes privados y establece que esas medidas deberán responder a un fin de utilidad pública, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, dispone que la indemnización deberá abonarse en su totalidad antes de la transferencia del dominio.

El cálculo de esa compensación contempla el valor de mercado del bien y el lucro cesante, siempre que este último sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y esté respaldado por pruebas objetivas. La propuesta busca establecer condiciones más estrictas para las intervenciones estatales sobre la propiedad, uno de los ejes centrales de la iniciativa promovida por el oficialismo.

Vandalismo rural

Otro de los proyectos aprobados fue el que establece penas de hasta ocho años de prisión por daños a la producción agropecuaria, con condenas que pueden llegar a 10 años ante determinadas circunstancias agravantes, como la actuación coordinada de tres o más personas o la pérdida total de la producción. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Pelli, Molinuevo, Huesen y Campero acompañaron el proyecto. En cambio, Yedlin, Cisneros, Medina y Fernández votaron en contra.

Emergencia pediátrica

La Cámara también rechazó el tratamiento sobre tablas de la prórroga de la emergencia en salud infantil, conocida como Ley Garrahan, cuyo autor es Pablo Yedlin. El diputado solicitó incorporar el tema al orden del día, pero el pedido no alcanzó los tres cuartos de los votos necesarios.

“Hoy pedí tratar la ley de emergencia en salud infantil (Garrahan) que al cumplir un año de su sanción quedará sin efecto. La salud de la alta complejidad infantil de todo el país no puede sin el Garrahan”, escribió en X. Y agregó: “No vamos a abandonar la salud pública pediátrica”.

Medina y Fernández acompañaron el pedido, mientras que Noguera estuvo ausente. En UP, Cisneros también estuvo ausente. Los libertarios Molinuevo, Pelli y Campero votaron en contra, mientras que Huesen no estuvo presente.

El planteo de Yedlin buscaba extender la vigencia de una norma que contempla medidas de financiamiento para la atención pediátrica y beneficios impositivos vinculados con el funcionamiento del sistema. Al no alcanzar la mayoría especial requerida para incorporar el asunto al temario, la Cámara no llegó a debatir el proyecto de fondo. El legislador anticipó que insistirán con el tratamiento en la comisión de Salud para intentar llevarlo nuevamente al recinto.

Los temas pendientes

Al cierre de esta edición, en Diputado aún se debatía el sistema de discapacidad. El oficialismo impulsa un dictamen denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”, que propone incorporar los beneficios de la Ley 27.793 a un régimen permanente. La iniciativa busca dejar atrás el carácter transitorio de la emergencia y establecer un esquema estable para el sector.

El endeudamiento de los hogares fue otro de los asuntos que ocupó a los legisladores durante la madrugada. El dictamen del oficialismo pone el acento en la educación financiera, la transparencia de las condiciones crediticias y la prevención del fraude digital. Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica promueven un proyecto de “ley de regularización y alivio financiero”. La iniciativa plantea declarar la emergencia por 180 días y crear un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con atrasos superiores a 60 días y deudas de hasta $3.265.000. La propuesta busca establecer un mecanismo para reorganizar los compromisos impagos de los hogares.

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