
El intendente y cinco integrantes del Concejo Deliberante se sometieron voluntariamente a los análisis en el hospital Ramón Carrillo. La ordenanza establece controles aleatorios para funcionarios municipales.
La Municipalidad de Yerba Buena puso en marcha este jueves los controles de consumo de drogas para funcionarios del Ejecutivo y del Concejo Deliberante. El intendente Pablo Macchiarola y cinco concejales fueron los primeros en realizarse los análisis en el hospital Ramón Carrillo.
La ordenanza fue impulsada por los concejales Gabriela Garolera y Mauricio Argiró, quienes también participaron de la primera jornada junto a Javier Jantus, Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano.
La medida busca establecer controles periódicos sobre el consumo de sustancias y verificar las condiciones psicofísicas de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio.
Cómo funcionan los controles
Los narcotests se realizan mediante muestras de orina y permiten detectar metabolitos de distintas sustancias, entre ellas cocaína, marihuana, barbitúricos, opiáceos y benzodiacepinas.
Los funcionarios que deban someterse a los análisis serán seleccionados mediante sorteos aleatorios realizados por la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad.
Los resultados estarán disponibles en aproximadamente una semana y serán comunicados de manera confidencial a cada funcionario, sin difusión pública de los datos individuales.
Qué ocurre ante un resultado positivo
El procedimiento contempla una contraprueba en caso de un resultado positivo. Para ello, se tomarán dos muestras: una destinada al primer análisis y otra que quedará reservada para una eventual verificación en un laboratorio diferente.
La iniciativa tiene una finalidad preventiva y de concientización. Según lo informado sobre el procedimiento, no se contemplan sanciones automáticas ante un resultado positivo o una eventual negativa a realizarse el examen.
Con esta primera jornada, Yerba Buena comenzó a aplicar el sistema de controles previsto por la ordenanza municipal, que alcanzará a funcionarios del Ejecutivo y concejales.
