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Pidieron el juicio político de dos jueces de Casación tras un fallo de la Corte Suprema en una causa vinculada con la AFA

La abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, presentó un pedido de juicio político contra los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La iniciativa recibió el respaldo de la asociación civil Será Justicia.

La presentación se produjo después de que la Corte Suprema revocara una resolución de ambos magistrados en una causa vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.

Los cuestionamientos de la Corte Suprema

El máximo tribunal anuló por unanimidad una decisión de Borinsky y Barroetaveña que había dispuesto trasladar la investigación al juzgado federal de Campana.

Los jueces de la Corte consideraron que esa resolución vulneró las reglas de competencia judicial y afectó la garantía constitucional del juez natural. También cuestionaron que los camaristas no hubieran analizado los argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal.

El pedido de juicio político

A partir de esos cuestionamientos, Talerico solicitó que se investigue el desempeño de ambos magistrados y sostuvo que su actuación habría favorecido a los involucrados en la causa.

La asociación Será Justicia acompañó la denuncia y reclamó la apertura del procedimiento de remoción por presunto mal desempeño.

El pedido no implica la destitución de los jueces, sino el inicio de un proceso para evaluar su conducta.

La investigación continuará en Comodoro Py

La Corte Suprema determinó que la causa debe tramitarse en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la responsabilidad del juez Daniel Rafecas.

El expediente incluye una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que estaría vinculada con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Mientras tanto, Rafecas podría dejar su juzgado si avanza su designación como integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que obligaría a definir quién continuará al frente de la investigación.

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