La causa penal que involucra a Martín Viola, titular de la Secretaría de Energía de Tucumán, ingresa a una etapa de definición procesal bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2. Durante la audiencia celebrada ante el fiscal Agustín Chit, se expusieron los peritajes técnicos que sostienen la acusación por el presunto uso de la identidad de un particular, Julián Echazú Toneatti, para la creación de cuentas digitales y la emisión de comentarios injuriantes contra terceros.
La investigación judicial se apoya en una trazabilidad informática y financiera que el Ministerio Público considera concluyente. Según el requerimiento, la suscripción al medio digital donde se vertieron los agravios fue abonada con una tarjeta de crédito perteneciente a Viola. Un dato que la fiscalía resalta como determinante es la proximidad física: tanto el denunciante como el imputado residen en el mismo edificio de la capital tucumana, lugar donde Echazú Toneatti denunció haber extraviado su Documento Nacional de Identidad.
La postura de la defensa: el argumento del hackeo
Frente a la acumulación de evidencia, la defensa de Viola sostiene que el funcionario fue víctima de una vulneración de sus cuentas bancarias. Según esta hipótesis, la utilización de sus instrumentos de pago se habría realizado sin su consentimiento, vinculando el episodio a una presunta maniobra de desprestigio político.
No obstante, para la fiscalía, la conducta encuadra prima facie en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad, tipificado en la Ley 20.974. La coincidencia de direcciones IP y el registro de datos modificados minutos después del alta de la cuenta refuerzan la línea de instrucción que apunta al funcionario provincial.
Instancia de resolución y escenarios posibles
Ante la naturaleza del delito y la ausencia de antecedentes, el fiscal Chit propuso una vía de composición para evitar la elevación a juicio oral. La propuesta de reparación integral exige que el secretario de Energía cumpla con dos requisitos:
Retractación formal: Un pedido de disculpas públicas en el mismo soporte digital donde se produjeron las ofensas.
Compensación social: Una donación de carácter significativo destinada a las familias damnificadas por las inundaciones en el sur de la provincia.
El proceso se encuentra actualmente en un cuarto intermedio de tres días hábiles. La resolución depende de la aceptación de las partes:
De mediar acuerdo, Viola cerraría su frente judicial, aunque el acto de disculpas implicaría un costo político ante la opinión pública.
En caso de que la querella persista en su rechazo a la mediación, la decisión final quedará en manos del juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, quien deberá determinar si el caso escala hacia un debate plenario la próxima semana.
