El juicio por el homicidio de Paulina Alejandra Lebbos alcanzó un punto de inflexión procesal. Tras veinte años de una instrucción marcada por irregularidades, el Ministerio Público ha consolidado una teoría del caso que vincula directamente a César Soto con la autoría material del asesinato, sosteniendo que el imputado contó con una estructura de protección oficial para la ocultación del cuerpo y la posterior alteración de pruebas.
La fiscalía fundamentó su posición en nuevos peritajes científicos que, según el requerimiento, permiten trazar una línea de responsabilidad directa hacia Soto. Sin embargo, el centro de gravedad del debate se desplazó hacia la dimensión institucional del caso: la identificación de los mecanismos de impunidad que impidieron el esclarecimiento del hecho desde febrero de 2006.
El rol de la estructura política en la obstrucción judicial
Uno de los pilares de la jornada fue la acusación formal contra Sergio Kaleñuk, a quien el Ministerio Público señala como un actor central en la maniobra de encubrimiento agravado. De acuerdo con la fiscalía, el imputado habría utilizado su posición y jerarquía dentro del esquema gubernamental de aquel entonces para desplegar una red de influencias orientada a desviar el curso de la investigación y proteger a los responsables.
Para la acusación, el debate actual tiene un valor documental estratégico: dejar constancia jurisdiccional de cómo el poder político interfirió sistemáticamente en el proceso judicial. La figura de Kaleñuk es presentada como el nexo necesario entre el crimen y el aparato estatal que garantizó el silencio durante dos décadas.
Inconsistencias operativas y la responsabilidad policial
La arquitectura del encubrimiento se completa con el análisis del desempeño de la fuerza policial. La fiscalía subrayó la relevancia de los testimonios de ex jefes de la fuerza, entre ellos Nicolás Barrera y Enrique García —este último con condenas previas en la causa—.
El enfoque del Ministerio Público se centró en las “incongruencias operativas” detectadas desde el día de la desaparición de Paulina hasta el hallazgo de sus restos en la zona de Tapia. Estos testimonios son considerados piezas clave para demostrar que las fallas en los protocolos de búsqueda y preservación no fueron errores aislados, sino parte de una estrategia deliberada de distorsión orquestada desde las cúpulas de seguridad.
Hacia un veredicto histórico
Con la presentación de estas conclusiones, el tribunal se encamina a evaluar una causa que trasciende el hecho criminal para convertirse en un juicio sobre el funcionamiento de las instituciones en Tucumán. La validación de las pruebas científicas contra Soto y la determinación de la responsabilidad de Kaleñuk definirán si, después de 20 años, el sistema judicial es capaz de desarticular el legado de encubrimiento que ha rodeado al caso Lebbos.
