El municipio asegura que la Nación adeuda cerca de $2.000 millones por los subsidios destinados a beneficiarios de atributos sociales. Desde diciembre, el sistema se sostiene con fondos propios mientras se debate un nuevo aumento del transporte urbano.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán sumó un nuevo frente de conflicto en medio de la discusión por el valor del boleto urbano: reclama a la Nación una deuda cercana a los $2.000 millones vinculada al sistema SUBE, dinero que —afirman— debió haber sido transferido para cubrir los beneficios otorgados a miles de usuarios del transporte público.
El reclamo está vinculado a los denominados “Atributos Sociales”, el mecanismo mediante el cual el Estado nacional subsidia hasta el 55% del valor del pasaje a determinados sectores, entre ellos jubilados, beneficiarios de la AUH, estudiantes Progresar, veteranos de Malvinas y trabajadores de casas particulares, entre otros.
Cuando el sistema SUBE comenzó a operar en la capital tucumana durante 2025, esos fondos llegaban mensualmente sin inconvenientes. Según estimaciones oficiales, se trataba de unos $400 millones por mes, destinados a cubrir la diferencia entre lo que paga el usuario y el costo total del boleto.
Pero el escenario cambió abruptamente a fines del año pasado.
Desde diciembre, según denuncian desde el Municipio, las transferencias nacionales dejaron de enviarse con regularidad, obligando a la administración encabezada por Rossana Chahla a cubrir ese faltante con recursos propios para evitar que el sistema colapse.
La situación se agravó por un compromiso asumido previamente por la Intendencia en un acuerdo firmado con los empresarios del transporte nucleados en Aetat, donde el Municipio aceptó hacerse cargo de liquidar esos pagos, incluso antes de recibir los fondos desde Nación.
En los hechos, eso significó que la Capital comenzó a adelantar dinero propio mientras aguardaba una transferencia que nunca llegó.
Con cinco meses acumulados sin desembolsos nacionales —entre diciembre y abril—, la deuda ya ronda los $2.000 millones, una cifra que genera preocupación en el Palacio 9 de Julio.
El problema, además, no es exclusivo de Tucumán. En distintos puntos del país se multiplican los reclamos por demoras similares. En el AMBA, por ejemplo, empresas del sector aseguran que el Gobierno nacional mantiene una deuda total cercana a $130.000 millones, parte de ella también relacionada con atributos sociales.
Este conflicto aparece en un momento especialmente sensible: el debate por una nueva suba del boleto urbano.
Mientras los empresarios sostienen que el valor técnico del pasaje debería ubicarse en $2.400, en el Concejo Deliberante se analiza autorizar un incremento que llevaría la tarifa a una cifra cercana a $1.700.
A ese escenario se suma otro factor de presión: el aumento del gasoil y la caída sostenida de pasajeros, dos variables que profundizan la crisis del sistema y vuelven más tensa la negociación entre el Municipio y el sector empresario.
