El Gobierno nacional avanzó formalmente con la privatización de AySA y lanzó una licitación pública nacional e internacional para transferir el control de la compañía de agua potable y saneamiento que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida convierte a AySA en la primera empresa de servicios públicos que pasará a manos privadas durante la gestión de Javier Milei.
La convocatoria fue oficializada a través de la resolución 704 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. El proceso prevé la venta del 90% del paquete accionario de la empresa, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores.
Cómo será la privatización
El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla dos etapas.
En una primera instancia, el Gobierno buscará seleccionar un operador estratégico que asumirá el control operativo de la empresa mediante una concesión por 30 años y el acceso al 51% de las acciones estatales.
Posteriormente, se realizará una oferta pública inicial para colocar otro 39% de las acciones en la Bolsa.
La concesión podrá extenderse hasta por diez años más y abarcará el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la incorporación de capitales privados permitirá ampliar inversiones y mejorar la calidad del servicio.
Según explicó, el objetivo es incorporar “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” para modernizar la infraestructura de AySA.
Además, afirmó que el Gobierno busca dejar atrás el uso de empresas públicas como “cajas políticas” y avanzar hacia un esquema basado en inversión privada y competencia.
Las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus propuestas a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Ese mismo día se realizará la apertura de sobres, mientras que las consultas sobre las bases y condiciones podrán efectuarse hasta el 12 de agosto.
El proceso estará coordinado por el Ministerio de Economía junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
