En un fallo con fuertes implicancias institucionales, la Sala III anuló la resolución del Ministro Público Fiscal que impedía al fiscal auxiliar Javier González asumir un cargo en el municipio capitalino. El tribunal calificó la negativa de Jiménez como “ilegítima e irrazonable” y ratificó que la ley está por encima de la verticalidad jerárquica.
La pulseada política y administrativa entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Intendencia de San Miguel de Tucumán tuvo un desenlace categórico en tribunales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió hacer lugar al amparo promovido por el fiscal auxiliar Javier González, declarando la nulidad de la resolución firmada por Edmundo Jiménez el pasado 10 de febrero, la cual le denegaba la licencia sin goce de sueldo para integrarse al gabinete de la intendenta Rossana Chahla.
El fallo de la Sala III representa un límite concreto a las facultades de superintendencia del Ministro Fiscal. Los magistrados sostuvieron que la negativa a conceder la licencia carecía de fundamentos válidos y que el derecho del trabajador emana directamente de la Ley N° 5473, no quedando sujeto al arbitrio o la “conveniencia” de la autoridad de turno.
Un freno a la discrecionalidad en el MPF
La sentencia es inusual por su dureza técnica. El Tribunal afirmó que el acto dictado por Jiménez resultó “ilegítimo, ilegal e irrazonable”, señalando que las atribuciones jerárquicas no pueden ser utilizadas para “suprimir o menoscabar derechos que el legislador ha reconocido expresamente”.
Uno de los puntos clave del fallo fue la caída de los argumentos de “razones de servicio” invocados por el MPF. La Justicia consideró que estas razones no fueron acreditadas y, además, detectó una vulneración al principio de igualdad: existen antecedentes donde, en situaciones idénticas, el Ministerio otorgó licencias similares, lo que dejó en evidencia un criterio arbitrario en el caso de González.
Voces de una resolución con impacto político
Tras conocerse el fallo, Javier González —quien se prepara para asumir una Secretaría en el municipio capitalino— expresó su satisfacción por el respeto al Estado de Derecho. “Lamento que quien debe velar por la legalidad haya firmado un acto que la propia Justicia debió anular por ilegal”, disparó el funcionario judicial, apuntando directamente a la figura de Jiménez.
Por su parte, el abogado patrocinante, Alejandro Vittar Escalante, destacó el valor institucional de la sentencia. “Los jueces pusieron un límite categórico a la arbitrariedad. A partir de ahora, en el ámbito del MPF, no existe espacio para el autoritarismo o la verticalidad disciplinadora”, aseguró el letrado, subrayando que la sentencia obliga al Ministerio a dictar un nuevo acto administrativo que garantice el derecho de González.
El tablero político de fondo
Este fallo no solo resuelve una situación laboral, sino que interviene en la tensa relación entre los organismos de control y la gestión de la intendenta Chahla. Al ratificar la legalidad de la licencia para el pase de cuadros técnicos del Poder Judicial al Ejecutivo municipal, la Cámara debilita la estrategia de “bloqueo” administrativo y refuerza la autonomía de los funcionarios para elegir su destino profesional en otras áreas del Estado.
