En un fallo que marca un punto de inflexión en el conflicto educativo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial exige al Poder Ejecutivo la implementación “inmediata” de la norma, que había sido frenada mediante el Decreto 759/2025.
La sentencia de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esto implica:
- Actualización salarial: Recomposición para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025.
- Becas estudiantiles: Refuerzo y actualización de los programas de ayuda económica para los alumnos.
“Argumentos poco serios”
El tribunal fue inusualmente duro con la estrategia legal del Ejecutivo. Los camaristas desestimaron las críticas oficiales que tildaban la medida de “arbitraria” y calificaron los planteos del Estado como “poco serios”.
Además, la Justicia desmontó uno de los pilares del discurso oficial: el equilibrio fiscal. Según el fallo, “el impacto presupuestario de la medida es bajo” y no compromete el interés público general. Por el contrario, los magistrados recordaron que el verdadero riesgo reside en vulnerar el acceso a la educación superior pública, gratuita y de calidad, garantizada por la Constitución Nacional.
Un conflicto que no da tregua
Este revés judicial ocurre en una semana de máxima tensión para el sistema universitario, que en Tucumán se manifiesta con un paro de 72 horas convocado por ADIUNT. El gremio local, alineado con la CONADU Histórica, reclama precisamente la aplicación de esta ley y un presupuesto de emergencia ante la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la Secretaría de Educación insisten en que la norma carece de fuentes de financiamiento definidas en el Presupuesto, una potestad que consideran exclusiva del Congreso. Sin embargo, tras este fallo de segunda instancia, el margen de maniobra del Ejecutivo se reduce. Mientras tanto, el Gobierno trabaja contrarreloj en una alternativa legislativa que busque consenso, aunque el sistema universitario exige que se cumpla lo dictado por la Cámara de manera urgente para evitar profundizar las medidas de fuerza en las facultades.
