El Gobierno celebra una reducción de la pobreza que no se corresponde con la realidad social. La pérdida de poder adquisitivo de la AUH, la Tarjeta Alimentar y las jubilaciones, junto con el avance del pluriempleo y la precarización, desmienten el relato oficial. A la vez, un índice de precios desactualizado expone el dibujo estadístico del INDEC de Milei.
La situación sociolaboral luego de 28 meses de gobierno de Milei, en base a datos oficiales y de consultoras privadas, muestra lo siguiente:
Aumentaron las personas sin trabajo y con pluriempleo.
La precarización y la informalidad se extendieron en el mundo laboral.
El ingreso de la mayoría de la población perdió poder adquisitivo.
El consumo masivo mantiene una tendencia decreciente.
La actividad económica está estancada o en recesión, excepto en sectores que no generan puestos de trabajo en cantidad.
La capacidad de compra de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar descendió a lo largo del año pasado.
El haber mínimo jubilatorio pierde poder adquisitivo por la aceleración de la inflación y el congelamiento del bono compensatorio en 70.000 pesos.
Con este panorama general negativo, resulta difícil sostener, con un mínimo de rigor intelectual, que el ciclo liberal-libertario mejoró los indicadores de pobreza e indigencia. Para llegar a esa conclusión hay que convalidar dos distorsiones decisivas en la medición. La primera es hacer el cálculo con un índice de precios desactualizado, elaborado con la canasta de bienes y servicios de 2004/2005, cuando ya existe el IPC con la canasta 2017/2018. La segunda es la modificación de la metodología de medición de la pobreza aplicada por el INDEC.
Ambos elementos alteran una evaluación seria de la información oficial. La baja de la pobreza que exhibe el INDEC no puede leerse como el reflejo de una mejora real en las condiciones de vida, sino como el resultado de una medición distorsionada por una canasta vieja y por cambios metodológicos que sobrerrepresentan esa caída. El manoseo de las estadísticas oficiales llegó a tal punto que hasta Marco Lavagna, quien durante dos años convalidó ese manejo irregular, terminó renunciando cuando el Gobierno intervino para bloquear la publicación del nuevo IPC. Ese índice, obviamente, iba a registrar una suba más elevada que el actual, que sigue siendo la referencia oficial para medir pobreza e indigencia.
