Un informe técnico advierte que las pérdidas por crecidas en el sur tucumano ascienden a U$S 32 millones, mientras que las obras clave cuestan solo un tercio.
El debate sobre la falta de infraestructura hídrica en el sur de Tucumán se reactivó tras un pormenorizado análisis económico de los daños actuales. Según el ingeniero Eduardo Martel, ex coordinador de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, las pérdidas directas —denominadas “costos hundidos”— se sitúan entre los U$S 25 y U$S 32 millones. Esta cifra contrasta drásticamente con la inversión necesaria para las obras prioritarias, valuadas en aproximadamente U$S 10 millones.
El diagnóstico técnico revela que, con una inversión equivalente a un tercio de las pérdidas sufridas, se podrían haber evitado las consecuencias dramáticas en localidades como La Madrid, donde el 70% u 80% de la planta urbana debe ser evacuado ante cada contingencia climática de magnitud.
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El dilema de La Madrid: ¿Traslado o intervención?
Uno de los puntos más controvertidos del informe es la viabilidad de la localidad de La Madrid, que este año conmemora su 150° aniversario. El estudio analizó la posibilidad de un traslado total de la población, cuyo costo base se estimó en U$S 60 millones solo para viviendas, sin contemplar infraestructura pública, expropiaciones ni el impacto social del desarraigo.
Martel descartó que la población sea “inviable” y atribuyó la situación actual a una combinación de factores naturales y causas antrópicas (intervención humana). “Si existe hace un siglo y medio, el problema no es el lugar, sino las medidas que se dejaron de tomar para que siga siendo habitable”, sostuvo el especialista.
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Falta de ejecución y proyecciones
La comparación con los datos relevados originalmente en 2017 muestra una parálisis en la ejecución de los proyectos hídricos. Los técnicos insisten en que los estudios de infraestructura, sociales y productivos ya están realizados; la brecha reside en la asignación presupuestaria para ejecutar las defensas y canalizaciones necesarias en la zona baja de la provincia.
La recurrencia de estos fenómenos no solo afecta la economía regional y la producción agrícola, sino que profundiza la crisis de infraestructura pública, obligando al Estado a realizar gastos de emergencia que superan con creces el costo de la prevención planificada.
