La prestigiosa abogada constitucionalista Carmen Fontán analizó la situación legal del gobernador Osvaldo Jaldo de cara a los próximos comicios. Aunque la letra fría de la Constitución provincial parece habilitarlo, la especialista advirtió que la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y el tiempo que Jaldo ejerció como gobernador interino son obstáculos que podrían invalidar su candidatura.
En diálogo con Bisturí, por Norte Multimedios, la Dra. Carmen Fontán explicó que nos encontramos ante una colisión entre la “literalidad” de la norma local y los principios republicanos que defiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El artículo 90 de la Constitución de Tucumán posee una cláusula atípica que permite que un vicegobernador, tras dos períodos, pueda ser elegido gobernador y luego reelecto. Sin embargo, Fontán subrayó que las normas no deben interpretarse de forma aislada: “La plataforma fáctica de Jaldo es especial; él ocupó interinamente el cargo de gobernador por casi un año y medio durante el mandato de Manzur”, recordó.
El factor de los “17 meses”
Para la constitucionalista, la clave reside en el tiempo efectivo de ejercicio del poder. Al vincular los artículos 90 y 91 de la Constitución, Fontán argumentó que cualquier reemplazo que supere el año debe computarse como un período completo.
“Si aplicamos la armonía de las normas y la sintonía con los fallos de la Corte Nacional, el hoy gobernador no estaría habilitado. Haber ejercido un año y medio el cargo titular le da una pauta temporal de mandato cumplido”, sentenció la abogada.
Fontán trazó un paralelismo con el caso de Alberto Weretilneck en Río Negro (2019), donde la Corte impidió una nueva candidatura tras haber completado el mandato de un predecesor y luego haber tenido uno propio. Según la especialista, el máximo tribunal del país prioriza la alternancia en el poder y la periodicidad de los mandatos por sobre las ingenierías legales de las provincias.
El riesgo de la “dilución de controles”
Más allá de los años en el cargo, la Dra. Fontán destacó una preocupación central de la Corte Suprema: el control del Poder Judicial. “Un gobernador que permanece 12 o 16 años en el poder termina designando a la gran mayoría de los jueces, lo que diluye el principio de división de poderes y neutraliza los controles interórganos”, explicó.
Ante la consulta sobre los tiempos de la Justicia, Fontán recordó que, si bien la Corte Federal no tiene plazos para fallar, suele intervenir con celeridad cuando existe “gravedad institucional”, citando como antecedente el freno a la candidatura de Juan Manzur a pocos días de los comicios pasados.
Conclusión técnica
Aunque la “norma fría” parece ser un salvoconducto para el oficialismo, la interpretación constitucional moderna sugiere que el camino de Jaldo hacia el 2027 está minado. “Si se aplica la doctrina de la Corte, entiendo que no estaría habilitado para un nuevo mandato”, concluyó Fontán, dejando planteado un escenario de alta incertidumbre jurídica que, sin duda, marcará la agenda política de los próximos meses.
