En el primer trimestre de 2026, las transferencias nacionales retrocedieron un 8,3% real. El desplome del IVA y Ganancias, producto del parate industrial y el atraso salarial, deja a los gobernadores sin margen de maniobra y fuerza una dependencia directa de los adelantos discrecionales de Javier Milei.
La economía argentina ha entrado en una fase de retroalimentación negativa que ya impacta de lleno en el federalismo fiscal. Según datos de la consultora Politikon Chaco basados en registros oficiales, el primer trimestre de este año cerró con una pérdida de 1,1 billones de pesos en transferencias automáticas para las provincias. No se trata de un “ajuste” programado, sino de la consecuencia inercial de una actividad económica que no encuentra piso.
El encadenamiento es letal para los presupuestos locales: la inflación —estable en un piso del 3% mensual— erosiona el salario real, lo que deriva en una caída del consumo masivo (3,4% abajo en febrero según Scentia). Esto impacta directamente en la recaudación de IVA, que se derrumbó un 10,1%, secando la principal fuente de la coparticipación federal.
La trampa de los “Adelantos de Coparticipación”
Ante este escenario de asfixia, el Gobierno Nacional ha recurrido a una herramienta de manual político: el decreto para adelantar 400.000 millones de pesos a 12 distritos seleccionados. Sin embargo, lo que se presenta como “auxilio” es en realidad un préstamo con un interés del 15% que las provincias deberán devolver antes de fin de año.
Este mecanismo revela la estrategia oficial:
Dependencia política: Al caer los fondos que corresponden por ley (automáticos), los gobernadores quedan a merced de la voluntad del Ejecutivo para cubrir sus gastos corrientes (sueldos y servicios).
Voto por caja: El auxilio llega justo cuando el oficialismo busca relanzar su agenda legislativa en abril, necesitando desesperadamente el apoyo de los senadores y diputados que responden a esos mismos gobernadores “asfixiados”.
Sectores en jaque y el factor impositivo
El informe destaca que el estancamiento no es uniforme pero sí generalizado. La industria, el comercio y la construcción —los grandes generadores de empleo— acumulan caídas ininterrumpidas desde mediados de 2025. A esto se suma una decisión de política económica que complica aún más el reparto: el congelamiento del impuesto a los combustibles para contener la inflación en un contexto de guerra, lo que termina restando otra masa coparticipable clave para el interior.
La Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de las más perjudicadas con un desplome del 46%, debido a la parálisis de las transferencias no automáticas vinculadas a la deuda judicializada. En el otro extremo, solo aquellas provincias que lograron convenios específicos por cajas previsionales o ATN (Aportes del Tesoro Nacional) consiguieron amortiguar una caída que, para el resto, oscila entre el 6% y el 8% real.
Perspectivas: El límite de la “paz social”
Con la recaudación nacional cayendo por octavo mes consecutivo, el superávit primario que exhibe el Palacio de Hacienda empieza a mostrar sus costuras. No se sostiene por eficiencia, sino por la transferencia del ajuste hacia las provincias y el sector privado.
La pregunta que circula en los despachos de los gobernadores es cuánto tiempo más podrán sostener el funcionamiento básico de sus distritos con recursos que se licúan frente a una inflación que no cede y una actividad que, lejos de rebotar, parece haberse amesetado en niveles de crisis. La baja actividad ya no es solo un problema contable; es el principal obstáculo político y parlamentario para un Gobierno que necesita gobernabilidad, pero ofrece, a cambio, una coparticipación en ruinas.
