
La causa por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resolviera suspender todas las apelaciones vinculadas al caso. La medida es interpretada como una señal favorable para la Argentina en el marco del prolongado litigio internacional.
Qué resolvió la Justicia
El tribunal decidió dejar en pausa todos los recursos presentados, tanto por las partes demandantes como por el propio Estado argentino, hasta que quede firme el fallo reciente. Además, se canceló la audiencia que estaba prevista para el 16 de abril, en la que se iban a tratar esas apelaciones.
Un fallo que beneficia a la Argentina
La decisión se da luego de que la misma Cámara revocara la condena de primera instancia que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones por la estatización de la petrolera en 2012.
Con este nuevo paso, el proceso judicial entra en una etapa donde ese fallo favorable comienza a consolidarse.
Qué implica la suspensión
La medida no significa el cierre definitivo del caso, pero sí:
- Frena temporalmente los reclamos contra la Argentina
- Deja en suspenso decisiones clave, como la entrega de acciones de la empresa
- Ordena el proceso hasta que haya una resolución firme
Entre los recursos afectados estaba incluso una apelación del propio Estado contra una orden judicial previa.
Qué puede pasar ahora
El fondo Burford Capital, principal impulsor del juicio, todavía tiene instancias disponibles:
- Pedir una revisión ante todos los jueces de la Cámara
- Apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos
De hecho, ya solicitó una prórroga hasta el 8 de mayo de 2026 para definir su estrategia.
Un litigio de más de una década
El conflicto se originó por la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y derivó en demandas de accionistas minoritarios que reclamaban compensaciones. Desde entonces, el caso atravesó distintas instancias judiciales en Estados Unidos, con fallos cruzados.
Señal positiva para el Gobierno
La suspensión de las apelaciones es vista como un nuevo respaldo judicial para la Argentina, en un expediente que tuvo impacto económico y político.
Si bien el caso aún no está cerrado, el escenario actual muestra un avance favorable para el país en uno de los litigios internacionales más importantes de los últimos años.
