La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes 13 de abril de 2026 testimonios fundamentales. Dos mujeres, madre e hija y ambas integrantes de la fuerza policial, declararon durante más de dos horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py para explicar el origen de los fondos que le prestaron al funcionario.
Las testigos son las acreedoras de un crédito de US$100.000 otorgado en 2024, el cual fue respaldado por una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco.
Herencia, efectivo y chats de WhatsApp
Durante la audiencia, las mujeres detallaron la mecánica de la operación y buscaron despejar las dudas sobre la legitimidad del dinero:
- Origen de los fondos: Aseguraron que la plata surgió de un juicio sucesorio (una herencia) y que el monto fue entregado en efectivo en la escribanía de Adriana Nechevenko.
- Vínculo con Adorni: Afirmaron que no conocían personalmente al jefe de Gabinete antes de la transacción, sino que el contacto se realizó a través de la escribana.
- Pruebas aportadas: Las testigos entregaron sus teléfonos celulares para que se analicen las conversaciones con Nechevenko y presentaron los recibos de las cuotas que Adorni paga mensualmente.
Un plan de pagos de US$900 mensuales
Según lo declarado, el funcionario nacional cumple con un plan de cuotas de poco más de 900 dólares por mes, lo que representa un interés anual del 11%. Las acreedoras señalaron que el dinero suele ser dejado en la escribanía por colaboradores de Adorni y que ellas pasan a retirarlo por allí.
Un dato clave que surgió de la testimonial es que el acuerdo vence en noviembre de este año, fecha para la cual Adorni todavía tiene pendiente un pago final de US$70.000.
El miércoles: el turno de las vendedoras de Caballito
La fiscalía de Pollicita no se detendrá aquí. El próximo miércoles será el turno de otras dos testigos clave: las vendedoras del departamento de Caballito. En esa operación, el esquema financiero llamó la atención de la Justicia, ya que se pactó un saldo de US$200.000 a cancelar en un año sin intereses, una condición poco habitual para el mercado inmobiliario actual.
La Justicia busca determinar si existe una “trazabilidad” real del dinero o si estos acuerdos privados se utilizaron para ocultar fondos que no coinciden con la capacidad económica declarada por el vocero presidencial convertido en jefe de ministros.
