La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó la nulidad absoluta del contrato de estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán, declarando “ilegal y arbitraria” la concesión otorgada durante la gestión de Germán Alfaro. Con este fallo, el máximo tribunal despeja el camino para que la intendenta Rossana Chahla avance con una nueva licitación que modernice el ordenamiento del tránsito en el microcentro.
La sentencia de la Corte desestima el recurso de casación de la empresa Tecno Agro Vial y confirma los vicios graves detectados en el proceso de adjudicación de 2021. El punto central del fallo sostiene que la firma violó el pliego de condiciones al presentarse estando en estado concursal, una falta sustancial que invalidó el vínculo con el Estado desde su origen. Además, la Justicia cuestionó con dureza el reparto de ingresos del sistema anterior, donde la empresa privada se quedaba con el 85% de la recaudación, dejando apenas un 15% para las arcas municipales.
Hacia un modelo tecnológico y transparente
Con el respaldo judicial definitivo, la Municipalidad ya trabaja en la elaboración de nuevos pliegos que buscan revertir los errores del pasado. La gestión actual tiene como objetivo implementar un servicio que no solo sea legalmente sólido, sino que también incorpore herramientas digitales para mejorar la experiencia del vecino.
Entre las alternativas que se exploran para el nuevo sistema se destacan:
- Aplicaciones móviles: Permitirán a los conductores visualizar en tiempo real los espacios disponibles para estacionar, reduciendo el tiempo de circulación y la congestión.
- Modernización del Tribunal de Faltas: Se busca digitalizar los procesos para que el pago de infracciones y la gestión de trámites sean más ágiles y accesibles.
- Mayor beneficio municipal: El nuevo pliego redefinirá los porcentajes de recaudación para asegurar que el servicio contribuya de manera significativa al mantenimiento de la infraestructura urbana.
El cierre de un capítulo judicial de cuatro años
Este fallo pone fin a una incertidumbre que comenzó en julio de 2022, cuando el sistema fue suspendido a poco más de un mes de su implementación tras amparos presentados por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensa del consumidor como Fodecus. Los planteos señalaban que el contrato afectaba los derechos de los ciudadanos y carecía de transparencia técnica.
Al ratificar la nulidad, la Corte Suprema subraya la importancia del cumplimiento estricto de las condiciones legales en las contrataciones públicas. Para los tucumanos, esta decisión significa el inicio de una etapa de reorganización del espacio público bajo nuevas reglas de juego, donde se espera que la tecnología y la eficiencia sean los pilares del estacionamiento en la Capital.
