El Ministerio Público coordina actuaciones con la Policía y las instituciones ante la serie de denuncias que se multiplicaron en distintos puntos de la provinci.
El clima de tensión no cede en el ámbito educativo tucumano tras la seguidilla de amenazas de violencia que alteraron la rutina de miles de alumnos. Directivos de diversas instituciones manifestaron su preocupación ante la falta de certezas y el ausentismo creciente registrado en las últimas 48 horas. Según explicaron, el protocolo de evacuación se ha convertido en una constante que agota los recursos escolares, mientras los padres exigen respuestas concretas sobre la veracidad de los riesgos que circulan de forma anónima por plataformas digitales.
El Fiscal detalló que las actuaciones se extendieron a localidades como Trancas, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y Lules, donde se activaron protocolos preventivos similares. En cada caso, la Fiscalía dispuso que las autoridades escolares formalicen la denuncia, se realicen relevamientos de cámaras de seguridad y se dé intervención a Criminalística para documentar los mensajes intimidatorios.
Además, indicó que se reforzó la presencia policial en los establecimientos afectados como medida de prevención. “La policía es quien está trabajando concretamente en los lugares, junto a las autoridades educativas, y posteriormente esa información llegará a la Fiscalía para evaluar eventuales medidas procesales”, explicó.
Respecto a la escala de las amenazas, el fiscal López Salas ratificó que el volumen de denuncias es consistente con las proyecciones de las fuerzas. “Calculamos que hay al menos unas 20 alertas activas”, señaló, remarcando que esta cifra representa la actividad de los protocolos de emergencia y no el total de incidentes verificados hasta el momento.
El fiscal fue cauto y evitó adelantar conclusiones. “No descartamos ninguna posibilidad. Puede haber casos que sean bromas y otros que no. Todavía no tenemos una hipótesis clara de cuál es la motivación ni si todos responden a lo mismo”, afirmó.
Bajo esa misma línea, subrayó que la respuesta ante estos conflictos no debe nacer únicamente desde el sistema carcelario. “La contención primaria debe ocurrir en las escuelas y en el entorno afectivo. El poder punitivo del Estado solo debe activarse de forma excepcional, una vez que las redes de prevención comunitaria resulten insuficientes”.
Finalmente, Salas advirtió que, a medida que las investigaciones avancen, se evaluará la posible configuración de delitos. “Podrían tratarse de amenazas o incluso de situaciones que generen alarma pública, pero eso dependerá del análisis concreto de cada conducta”, concluyó.
