El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia judicial para frenar los fondos destinados a la educación superior. La gestión nacional presentó un recurso ante la Cámara Federal con el objetivo de suspender la Ley de Financiamiento Universitario.
Si el tribunal acepta la medida impulsada por el oficialismo, el caso pasará directamente a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fuentes oficiales confirmaron que no descartan acudir con un recurso de queja si el pedido es rechazado inicialmente.
El camino hacia la Corte Suprema
La movida judicial busca congelar la aplicación de la normativa que garantiza el presupuesto para el funcionamiento de las casas de altos estudios. Desde el entorno presidencial consideran que la ley compromete las metas fiscales establecidas para este año.
La Cámara Federal deberá resolver ahora si concede el recurso. En caso de una negativa, la Procuración del Tesoro tiene decidido insistir ante el Máximo Tribunal para obtener una medida cautelar que detenga los giros de fondos.
Impacto en el sistema universitario
La noticia se conoce en medio de un clima de fuerte tensión entre el Ejecutivo y la comunidad académica. Rectores y gremios docentes ya manifestaron su preocupación ante lo que consideran un ataque directo a la educación pública.
Mientras se espera la resolución judicial, las universidades mantienen sus planes de lucha y reclaman la vigencia plena de la ley sancionada por el Congreso. El conflicto promete escalar en las próximas semanas si la justicia decide intervenir a favor del Gobierno nacional.
